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Corresponderá al gobierno de Ricardo Gallardo autorizar.
16:13 miércoles 22 septiembre, 2021
San LuisDebido a las restricciones legales inherentes a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, el gobierno estatal se ha visto imposibilitado para la aplicación del cinco por ciento de incremento salarial, a ministerios públicos y policías de investigación, que desde ayer se manifestado bloqueando importantes arterias de la capital potosina, aseguró el secretario de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán. Explicó que la restricción les imposibilita incrementar el capítulo 1000, que se refiere al gasto en servicios personales, si no se presentan dos condiciones: crecimiento económico e inflación, cosa que no sucedió durante 2020, ya que debido a la pandemia de covid-19, hubo un decrecimiento de la economía. Ante esta disyuntiva, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE) demandó al gobierno estatal y obtuvo un laudo, que es la única excepción para que se pueda concretar un aumento salarial, sin embargo, al estar impedidos por ley para estar sindicalizados, el personal de seguridad y custodia no pudo acceder a este beneficio. “No les aplica, no les beneficia, lo cual, en mi opinión, es injusto”, expresó. Agregó que el gobierno de Juan Manuel Carreras ha trabajado en la búsqueda de un mecanismo jurídico para aplicar dicho aumento, pero hasta el momento no han encontrado una salida, sin caer en responsabilidades. Pedroza Gaitán dijo que una salida al conflicto sería compartir la responsabilidad del incremento salarial con el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona. “Tendría que estar de acuerdo el gobierno entrante y tendría que tener la suficiencia presupuestal”, afirmó. En este sentido, el gobernador Juan Manuel Carreras se comunicó con Adriana Moya Méndez presidenta de la Asociación de Ministerios Públicos, Elementos Preventivos Investigadores y Científicos, para invitarla a negociar con la presencia de Jorge Vega, subsecretario de gobierno de Gallardo Cardona. Quien hasta el momento se ha negado a negociar y afirma que cederán en los bloqueos hasta que no se les deposite el incremento salarial, el retroactivo de cuatro meses y se concreten los pagos de las pólizas de seguros de gastos médicos mayores.