El cambio de administraciones de gobierno generalmente provoca problemas en la resolución de las observaciones que las auditorias superiores detectan durante las revisiones de las cuentas públicas correspondientes al año en que se generan estas transiciones, ya que, por lo regular, no se entrega la información completa por parte de los funcionarios, reconoció el especialista jurídico, Jorge Chessal Palau. Quien confió que, en el caso del gobierno estatal de San Luis Potosí, el mandatario Ricardo Gallardo Cardona entregue en su momento cuando se le solicite, toda la información disponible a la Auditoria Superior del Estado (ASE) para que pueda llevar a cabo la revisión de la Cuenta Pública 2021. Cabe mencionar que esta cuenta pública corresponderá al último año de gestión de exgobernador Juan Manuel Carreras López y al inicio de la administración de Gallardo Cardona. Respecto del problema que se genera comúnmente durante los cambios de administración, el abogado insistió que éste pudiera deberse a una falta de información. “Cuando hay cambio de administraciones, normalmente hay problemas con la resolución de las observaciones de la administración saliente porque hay faltantes de información o no se entrega la información completa por parte de los funcionarios salientes. Yo pediría que en el caso de San Luis Potosí no suceda eso y confiaría en que el gobernador Ricardo Gallardo proporcionara toda la información disponible”, reiteró. Chessal Palau explicó que, de acuerdo al proceso de auditoría, luego de la revisión, se contempla un periodo de aclaración en el cual, el ente pueda solventar las observaciones que le fueron realizadas. Apuntó que, si bien, se presentan casos donde las observaciones constituyen violaciones, también hay casos donde se trata de percepciones de los auditores, por lo que es importante desarrollar el proceso de solventación, “para efecto de si hay alguna conclusión de los auditores que se tenga que aclarar o si se trata de una violación a la ley, pues en todo caso, se dé la manera de resarcir. También expuso que, de acuerdo con la ley, en caso de que concluya el proceso de solventación y haya entes o funcionarios que no hayan aclarado las presuntas irregularidades da pie a que se abra un proceso de sanción en el que se deslinden responsabilidades; esas responsabilidades pueden ir desde inhabilitaciones hasta una sanción pecunaria para que, independientemente de una multa, se restituya el faltante al erario público. Finalmente, el abogado consideró que las leyes deben modificarse para establecer otros mecanismos en cuanto a sanciones, ejemplificó el caso de la responsabilidad resarcitoria, detalló que las auditorias superiores que son las encargadas de llevar a cabo la investigación y luego, imponer la responsabilidad resarcitoria, “me parece que ahí siguen habiendo dudas sobre si realmente cumplen con una debida justicia en esos casos o pudieran haber factores políticos que influyeran”.