En México hace falta homologar el marco conceptual en materia de transparencia para que la ciudadanía entienda el significado de un beneficiario final y además es necesario un registro nacional para conocer quiénes son las empresas y personas que se benefician de los contratos públicos.

Así lo señaló la comisionada del instituto nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales (INAI) Norma Julieta del Río Venegas, quien ofreció la conferencia “Retos en México en materia de transparencia sobre beneficiarios finales”.

La comisionada expuso ante contralores e integrantes del instituto electoral del estado de Zacatecas, que se requiere una reforma para que se entienda el alcance de haber conceptualizado al beneficiario final, que es quien recibe los beneficios de un contrato a través de recursos públicos.

“Es aquella persona o empresa que persigue el único fin de tener el producto final de cualquier transacción u operación” indicó la comisionada.

Este concepto que surgió luego de las investigaciones periodísticas en torno a los papeles de Panamá, los cuales revelaron una forma de corrupción para realizar evasiones fiscales, permitió que en México se realizará un padrón. Desde el 2019 el INAI encabezó una cumbre de gobierno abierto, de la cual derivaron 13 compromisos, entre estos el tener un registro de beneficiarios finales, el cual permitirá eliminar el anonimato de quienes obtienen ganancias derivado de contratos que se hacen con recursos públicos. “Se pide un registro para que estas prácticas dejen de ocultar los paraísos fiscales, los beneficiarios finales, que a fin de cuentas tenemos todos derecho a conocer quiénes son” comentó Norma Julieta del Río.

Actualmente, en México existen tres leyes federales para identificar al beneficiario final, las cuales derivaron de la reforma de 14 artículos de la constitución que se dieron gracias a las investigaciones periodísticas que hicieron uso del derecho a la información.