El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), coordinado por la senadora Geovanna Bañuelos, llamó a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de la red consular en el estado de Florida y en todo Estados Unidos de América, fortalezca las medidas de protección de los migrantes mexicanos y lleve a cabo todas las acciones necesarias para la defensa de sus derechos humanos. Lo anterior ante la aprobación y entrada en vigencia de la Ley SB 1718, también conocida como Ley DeSantis. Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente las senadoras Geovanna Bañuelos, Cora Pinedo Alonso, Martha Márquez y el senador Joel Padilla, además, pidieron establecer mesas de diálogo con asociaciones defensoras de derechos humanos, así como el gobierno estadounidense para garantizar la protección de los derechos humanos de quienes migran a ese país, ante la aprobación y entrada en vigencia de la Ley DeSantis. En el documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria, los integrantes del GPPT recuerdan que la migración es un derecho humano y un proceso que ha caracterizado a la humanidad a lo largo de la historia. La senadora Geovanna Bañuelos, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, informó que alrededor de 38.5 millones de personas residentes en Estados Unidos son de origen mexicano, siendo Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Nayarit los principales estados expulsores de migrantes. “En mayo de 2023, la legislatura de Florida aprobó un amplio proyecto de ley de inmigración impulsado por el gobernador Ron DeSantis, con el objetivo de reforzar el controvertido programa de reubicación de inmigrantes”, explicó la senadora por Zacatecas. La Ley DeSantis, establece restricciones para las personas migrantes y podría generar discriminación por perfil racial. Entre las disposiciones de esta normativa se encuentra la obligación para las empresas con más de 25 empleados de utilizar un programa para verificar el estatus migratorio de cada uno sus trabajadores, al igual que dificulta el acceso de las personas migrantes a la atención médica. La ley también impone sanciones a personas que oculten, alberguen, transporten o protejan a personas inmigrantes en situación irregular con penas de hasta 5 años de prisión y multas de hasta 5 mil dólares. “La dureza de las medidas aprobadas y su impacto negativo en la población migrante llaman la atención no sólo en Estados Unidos, sino en toda la comunidad internacional, donde distintas voces rechazaron este proyecto de ley”, apuntó la legisladora. Geovanna Bañuelos aseguró que la Ley DeSantis causará discriminación contra los migrantes y exacerbará conductas hostiles y de odio hacia ellos toda vez que se endurecerán los castigos a empleadores que contraten a quienes estén en el país irregularmente, así como el prohibirles el uso de servicios de salud. “El polémico y ambicioso proyecto de ley migratoria viola los derechos humanos de las personas migrantes, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de actuar para la defensa, protección y salvaguarda de los connacionales y de aquellas personas inmigrantes que serán afectadas por la ley impulsada por el republicano Ron DeSantis”, concluyó Geovanna Bañuelos. El punto de acuerdo fue turnado a la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente Para su análisis y posterior dictamen.