El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se den a conocer los contratos de las vacunas contra el COVID-19, pese a que esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los reservó hasta el año 2025.

En la conferencia matutina levada a cabo en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que, pese a la resolución de la Suprema Corte de Justicia, su Gobierno no tiene nada que ocultar y entregará la información. "Pues aunque sea legal y nos piden a nosotros la información, no la vamos a negar. Todo (lo entregarán), no tenemos nada qué ocultar. Aunque legalmente la Corte haya resuelto, nosotros no tenemos problema en dar a conocer la información”, agumentó. “Son vacunas que se compraron con farmacéuticas y se entrega todo, además lo tenemos qué hacer en nuestro informe a la Auditoría de la Federación, sin problema”, puntualizó. “Es un decisión de la Corte que vamos respetar, podemos decir nosotros que no, pero vamos a entregar todo, todo, todo, si eso es lo que estoy pidiendo, que haya transparencia completa”, apuntó La Suprema Corte avaló reservar hasta el 2025 la información sobre contratos y pagos de vacunas contra COVID-19, señalando razones de seguridad nacional. En específico de trata de los contratos firmados con las farmacéuticas Pfizer-BioNtech, AstraZeneca y Cansino. En diciembre de 2020, la Secretaría de Salud (Ssa) anunció que había reservado esa información por cinco años, pero el Instituto Nacional de Acceso a la información (INAI, ente de transparencia) bajó el plazo a dos años. Sin embargo, la SCJN lo volvió a aumentar a cinco años, el máximo que permite la ley y que se contarán a partir de diciembre de 2020, con lo que la información se mantendrá en reserva hasta el 2025. En un comunicado, el Pleno de la Suprema Corte indicó que resolvió dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional previstos en la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sobre los contratos para la adquisición de vacunas contra el virus del SARS-CoV-2 y los comprobantes de pago respectivos. Resolvió que “la divulgación de las condiciones esenciales de la contratación puede poner en riesgo la seguridad nacional, al obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemias en el país”. --

Con información de López-Dóriga Digital