Se analiza en comisiones una iniciativa de reforma para incluir al sector indígena y afrodescendiente en la Ley de Salud del Estado, para que exista un marco jurídico adecuado para diseñar políticas públicas que permitan la creación de instituciones y la puesta en marcha de programas que por diversas condiciones integran los grupos vulnerables. La propuesta fue presentada por los diputados José Luis Fernández Martínez, Eloy Franklin Sarabia, Nadia Esmeralda Ochoa Limón, Roberto Ulises Mendoza Padrón, Edgar Alejandro Anaya Escobedo, Dolores Eliza García Román, y Martha Patricia Aradillas Aradillas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como René Oyarvide Ibarra, Cinthia Verónica Segovia Colunga, y Salvador Isaís Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. En la exposición de motivos señalan que existen sectores de la sociedad, que debido a determinadas condiciones son más propensos a que sus derechos humanos sean violados. Son aquellas personas o grupos que, por sus características de desventaja por edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o mental; requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia. “Nuestra Ley de Salud del Estado hace referencia a estos grupos en su artículo 23 enlistando la mayoría de los grupos vulnerables con excepción de los dos siguientes: indígenas y afromexicanos. Estos sectores sociales se caracterizan por una inadecuada protección integral, plena y efectiva a sus derechos humanos debido a la falta de reconocimiento jurídico y social; aun a pesar de que recientemente se ha fortalecido su determinación jurídica en el artículo segundo de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Establecen: “El Estado Mexicano debe contar con el marco jurídico adecuado para diseñar políticas públicas que permitan la creación de instituciones y la puesta en marcha de programas que por diversas condiciones integran los grupos vulnerables. Resulta necesario que nuestras legislaciones adopten en sus disposiciones la protección para todos aquellos pertenecientes a estos grupos vulnerables pues de no ser así agravaría el estado de indefensión en el que se encuentran vulnerando aún más sus garantías constitucionales y sus derechos humanos”. La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y posterior dictamen.