El comisariado ejidal de Rodrigo, Ricardo Ramírez, declaró que, durante el gobierno de Fernando Silva Nieto, de manera tramposa funcionarios de la Junta Estatal de Caminos en el año 2000, convencieron a quien entonces representaban al comisariado para establecer un convenio de compra de tierras y comenzar a construir la carretera de cuota San Luis Potosí-Villa de Arriaga.  De acuerdo con su explicación, en aquel año se llevó a cabo un aparente acuerdo legal entre la Junta Estatal de Caminos y propietarios de las 27 hectáreas bajo un convenio de ocupación previa de tierras ejidales previo al proceso de expropiación para culminar con al pago de la propiedad privada, situación que no se dio con certeza jurídica, ya que dicho convenio no fue firmado por los entonces funcionarios estatales, a la par de manera tramposa y discrecional se ganó tiempo para concluir la obra carretera. Dijo el representante de más de 127 familias que hoy viven en la pobreza por no tener sustento económico para vivir y que en su momento se vieron despojados de 27 hectáreas ricas para la ganadería y la agricultura, que se tiene plena confianza en el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para lograr el pago justo que les fue negado, hoy esas familias tienen adultos mayores indefensos y enfermos, otras más cuentan con hijos o padres con alguna discapacidad.  Ricardo Ramírez, en su carácter de comisariado ejidal hizo ya del conocimiento del caso al mandatario estatal, así como al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, sobre el abuso cometido hace 22 años, habló de que apenas inició la actual administración se llevaron a cabo mesas de trabajo con el subsecretario Jorge Vega Arroyo, para dar solución al tema, labores que en agosto pasado fueron suspendidas sin conocer la causa. Hoy las más de 127 familias que se encuentran al desamparo, confían en el gobernante Ricardo Gallardo Cardona, bajo el propósito de lograr un desenlace favorable en un asunto que carece de legalidad jurídica y donde se llevó realizó una obra con mentiras y abuso en perjuicio de Ejidatarios de Rodrigo, que hoy viven penas y hambre por haber confiado en la buena fe de unos funcionarios abusivos y ventajosos del entonces gobierno del estado en el año 2000.