En medio de tensiones legislativas y acusaciones cruzadas entre las bancadas, el diputado local Arturo Maximiliano García Pérez sostuvo que la reforma al Poder Judicial en Querétaro debe salir “pronto, pero bien”, mediante comisiones unidas y con la participación de todos los actores involucrados. El legislador explicó que tanto la iniciativa presentada por Morena hace 13 meses como la propuesta enviada por el gobernador Mauricio Kuri González son “prácticamente idénticas” en su base constitucional, pues ambas responden a la obligación de armonizar la legislación local con el artículo 116 de la Constitución federal. “El plazo fatal venció el 14 de marzo de 2025. Estamos hablando de una obligación constitucional que no se ha cumplido. No es un tema político, es un mandato que ya estaba establecido en los transitorios”, señaló. García Pérez dejó claro que hay puntos que no son negociables: la elección popular de jueces y magistrados, la duración de nueve años en el cargo con posibilidad de reelección, la desaparición del Consejo de la Judicatura, la creación de un Tribunal de Disciplina y un órgano de administración judicial, así como el tope salarial para magistraturas. “Eso ya está en la Constitución federal. No es que queramos o no queramos; es irreversible”, subrayó. Actualmente, explicó, la Constitución de Querétaro está desfasada respecto al marco federal en materia del Poder Judicial, lo que obliga a una armonización inmediata. El diputado morenista insistió en que la discusión no debe centrarse en quién preside la comisión, sino en cómo garantizar un procedimiento legislativo sin vicios. Propuso integrar comisiones unidas más amplias —incluyendo Gobernación y Asuntos Electorales— para dar mayor legitimidad al proceso y evitar impugnaciones futuras. Uno de los temas que consideró prioritarios es establecer filtros rigurosos para asegurar que quienes aparezcan en las boletas como candidatos a jueces y magistrados sean perfiles idóneos. “No basta con tener un título en Derecho. No es lo mismo ser buen académico o litigante que ser buen juzgador. Necesitamos filtros que garanticen calidad en la impartición de justicia”, afirmó. En ese sentido, destacó que 14 entidades federativas ya aplican el nuevo modelo judicial, lo que ofrece experiencias que pueden enriquecer la reforma queretana. También mencionó el diálogo con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Braulio Guerra Urbiola, y con representantes del foro jurídico. Entre los aspectos que sí podrían modificarse, mencionó el diseño de los medios alternos de solución de controversias y su desarrollo en leyes secundarias, así como la negativa de diversos colegios de abogados a incluir figuras de suplentes y sustitutos en magistraturas, al considerar que podrían generar suspicacias. Asimismo, adelantó que el Congreso deberá armonizar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo que incrementará la carga de trabajo legislativo, especialmente ante la inminente discusión de la reforma electoral federal. Elecciones en 2027 o 2028 Sobre el calendario, indicó que actualmente la Constitución marca como fecha límite junio de 2027 para la elección total de jueces y magistrados en Querétaro. Aunque expresó que sería deseable un esquema escalonado —como ocurre en instituciones autónomas para evitar renovaciones totales abruptas— reconoció que el modelo aprobado implicará una renovación completa. “Hoy ya no tenemos otra: 2027 o 2028 será renovación total. No me encanta la idea, pero es lo que marca el texto constitucional”, admitió. Finalmente, el legislador llamó a evitar que la reforma se convierta en una disputa partidista entre Morena y el PAN, en un Congreso donde la correlación de fuerzas ha generado confrontaciones constantes. “Aquí nadie debe ser más importante que la reforma. No se trata de quién la preside, sino de cómo garantizamos que los queretanos tengan buena justicia, con buenos juzgadores”, concluyó.