El grupo parlamentario del Partido MORENA presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades realice una auditoría integral financiera y de desempeño a Guanajuato Puerto Interior, S.A. de C.V., correspondiente a los ejercicios fiscales 2021, 2022, 2023, 2024 y concomitante 2025, con el fin de determinar la correcta aplicación de los recursos públicos, identificar posibles irregularidades administrativas o financieras y, en su caso, fincar las responsabilidades que correspondan. De igual manera, a la Secretaría de la Honestidad, así como a la Secretaría de Finanzas, para que entreguen versiones públicas de todas las auditorías internas y externas realizadas a Guanajuato Puerto Interior en los últimos cinco años, publiquen los informes de gestión anuales con indicadores de desempeño e informen al Congreso sobre el procedimiento de designación del actual director general, a fin de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el uso adecuado de los recursos públicos en dicha empresa de participación estatal mayoritaria. La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo dijo que a casi dos décadas de la creación del Puerto Interior (GPI) se muestra un panorama de opacidad, subejercicios millonarios, falta de información financiera clara y señalamientos de corrupción vinculados con su actual director general, Héctor López Santillana. Comentó que, tan solo los ejercicios 2024 y 2025, GPI erogó 968 millones 085 mil 748 pesos, sin embargo, en 2024 presentó un subejercicio de casi una cuarta parte de su presupuesto autorizado. A ello, indicó, se suma el hecho aún más grave de que en los ejercicios 2021, 2022 y 2023 no exista información verificable sobre la aplicación de los recursos. La congresista precisó que, la ausencia de información por tres años y el subejercicio de más de 227 millones en 2024, no son hechos aislados, sino síntomas de una mala gestión financiera y administrativa. En ese sentido, argumentó que, uno de los casos más preocupantes es el relacionado con la autorización otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Agua en noviembre de 2024 para la instalación de un Centro de Verificación Vehicular dentro del complejo, permiso que fue concedido sin exigir manifestación de impacto ambiental ni establecer medidas de mitigación claras. Expresó que esas decisiones lejos de abonar a la certeza pública consolidan la percepción de que Guanajuato Puerto Interior opera bajo esquemas de opacidad que obstaculizan la rendición de cuentas y limitan el derecho de la ciudadanía a conocer el destino de los recursos públicos. Finalmente, puntualizó que, cada peso que ingresa y egresa de GPI forma parte del erario, por lo que el Congreso del Estado tiene la facultad constitucional y legal de fiscalizar su gestión a través de la ASEG, y la falta de información por tres años, junto con el subejercicio de más de 227 millones en 2024, constituyen irregularidades que pueden derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales.

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La propuesta se turnó para estudio y dictamen a la Comisión de Hacienda y Fiscalización.