PUES CON LA novedad de que en el caso del cateo de las oficinas de Grupo CBH+, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, que comanda Ulises Lara, y su coordinador de asesores, Oliver Ariel Pilares, tienen un particular interés. Recordará que la investigación se inició por una supuesta “denuncia anónima por venta de fentanilo al menudeo” en contra de las empresas de la señora Samantha Bárcenas, proveedora de servicios al IMSS. Las pesquisas iniciadas a partir de misteriosas denuncias proliferan en la justicia penal local, dando lugar a la discrecionalidad de los titulares de las coordinaciones territoriales para investigar a placer hechos sin causa fundada. Fuentes al interior de la misma Fiscalía local reportan que la carpeta de investigación CI-FIBJ/UAT-BJ-1/UI-1 S/D/635/02-2024, materia del caso contra Grupo CBH+, no será remitida a la Fiscalía General de la República. Lo anterior, a pesar de que la dependencia que comanda Alejandro Gertz Manero ejerció su facultad de atracción para conocer, como corresponde, de hechos que son de su exclusiva competencia. El motivo es que la indagatoria le sirve a Pilares para ejercer presión contra Bárcenas, en el contexto de los conflictos legales que tiene con su ex marido Adrián Cervantes, el de Grupo Biossman que ayer le referí perdió los contratos de servicios de anestesia en el ISSSTE. Según estos reportes, por oficio UEITA-EIL-E2-C4-112/2024 del 16 de mayo de 2024, suscrito por Xospan Basilio Jiménez, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula II-4 de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas a cargo de la carpeta de investigación FED/FEMDO/UEITA-CDMX/284/2024, se informó a Jessar Gamaliel Palacios, Fiscal de Investigación Territorial en Benito Juárez de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, que la Fiscalía Federal había ejercido su facultad de atracción, por lo que se le ordenó la remisión de la carpeta de investigación CI-FIBJ/UAT-BJ-1/UI-1 S/D/635/02-2024, dentro de un plazo de 72 horas. Han pasado cuatro días desde la emisión del oficio y el expediente no ha sido enviado a la Fiscalía Federal. Por su parte, las morales CBH+ Especialistas en Innovación Médica, Grupo CB Planeación Estratégica y Diseños Promedicina, promovieron el juicio de amparo indirecto 364/2024, radicado en el Juzgado 12 de Distrito de Amparo en Materia Penal en la CDMX. En él solicitaron la suspensión de los cateos, aseguramiento y enfajillamiento decretado por la Fiscalía de la ciudad en la investigación referida en el predio de residencia de sus establecimientos comerciales. El Décimo Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, en el recurso de queja 122/2024, resolvió la impugnación ordenando que se permita el adecuado funcionamiento de los giros comerciales de las empresas en cuestión y el desaseguramiento inmediato de los inmuebles donde residen, así como la devolución de la posesión de éstos a su favor. CBH+ ganó en agosto del año pasado un contrato de 3 mil 435 millones de pesos para proveer servicios de anestesia en 30 unidades médicas del Seguro Social. Hasta ahora ha equipado al 100% un total de 15 hospitales y en otros once reporta avances de entre 60% y 90%. Pero es muy probable que solo en cuatro de los 30 las huestes de Zoé Robledo le rescindan los contratos. HOY REUNIÓN CLAVE para el futuro del ingenio Puga. El conciliador Marco Antonio Campos hará una nueva oferta a los acreedores de la Compañía Panamericana de Comercio (Copaco), el brazo comercializador del azúcar, a fin de que suscriban el convenio concursal que hace unos días les comunicó. El ofrecimiento original se planteó en dos propuestas: un pago de 9 centavos por peso sobre el adeudo reconocido, unos 2 mil 600 millones de pesos, o bien el pago inmediato de 5 centavos más 10 centavos pagaderos en cuatro años, ya sea en efectivo o en azúcar. Altor, el grupo de Fernando Aportela que está tratando de reestructurar la deuda de Puga, mejorará la oferta este miércoles y dará un plazo de cinco días para que esos acreedores, entre los que figuran Bimbo y Barcel, de Daniel Servitje; Danone, que dirige Silvia Dávila; Santander, que comanda Felipe García Ascencio; Sucroliq, de Enrique Bojórquez, y Los Volcanes, de Roxana Chávez, den su aval al convenio. Si no muestran voluntad, la compañía se retirará y con ello vendría la quiebra. Y es que ya no pedirán la prórroga de 90 días que concede el Concurso Mercantil. A PROPÓSITO DE concursos mercantiles, la novedad es que la Juez Primero Concursal, Olga Borja Cárdenas, acaba de darle la suspensión en el amparo que promovió el conciliador Fernando Pérez-Correa contra la remoción que intentó aplicarle el otro Juez Segundo especializado, Saúl Martínez Lira, en el proceso de Tangelo, antes arrendadora Mexarrend. Le informamos que el togado quiso quitar a Pérez-Correa argumentando un inexistente conflicto de interés. Decía que su bufete representaba a un acreedor, cosa que sucedió medio año atrás, plazo que según la Ley de Concursos Mercantiles, no es ilegal. Con este recurso a su favor se espera que el conciliador ponga a la vista de los acreedores el convenio concursal para su análisis. Tangelo busca reestructurar 800 millones de dólares. LA UNIDAD INVESTIGADORA del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) inició ya la investigación contra Altán Redes por posibles barreras a la competencia en la provisión y distribución de servicios de telefonía móvil. Aquí habíamos informado tiempo atrás que a inicios de año Telcel, que dirige Daniel Hajj, denunció al operador de la red compartida por prácticas anticompetitivas por otorgar tarifas a sus clientes, en este caso operadores móviles virtuales y específicamente a Bait de Wal-Mart, tarifas difíciles de igualar. A la telefónica de Carlos Slim se sumó también en la denuncia contra la empresa estatal que comanda Carlos Lerma AT&T, que preside Mónica Aspe. La investigación del regulador, que encabeza Javier Juárez, durará entre 30 y 120 días hábiles. Y YA QUE nos referimos a AT&T, también le dimos a conocer hace unas semanas que estaba iniciando un proceso de arbitraje contra American Tower Corporation (ATC), que capitanea aquí Guillermo Cordera. La telefónica estadounidense que encabeza Mónica Aspe acusó a su proveedor de las torres de transmisión de cobrarles hasta 30% más que a Telcel y Telefónica-Movistar. Pues bien: el panel ya quedó constituido. AT&T designó árbitro al experto Víctor Ruiz, ex miembro del equipo Latinoamericano e Ibérico de la Corte Internacional de Comercio de París, mientras que ATC nombró al también experto en arbitrajes y litigio mercantil Daniel García Barragán. El presidente es el colombiano Eduardo Silva, ex secretario general adjunto de la Corte Internacional de Arbitraje. POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

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