No se pueden construir políticas públicas ni generar una coordinación intermunicipal si no se tiene un diagnóstico real sobre el problema de abuso sexual infantil y trata, afirmó Sandra Quiñones, abogada y defensora de los derechos humanos. “Ni Vallarta, ni Cabo Corrientes, ni Tomatlán ni Bahía de Banderas tiene un diagnóstico real sobre la problemática de abuso sexual infantil y trata en cualquiera de sus modalidades, esa es una realidad. Sin embargo, hay muchos que empiezan a construir políticas públicas a partir de nada, porque no hay un diagnóstico. ¿Cómo vas a resolver un problema si ni siquiera sabes la dimensión real del problema? no es posible, ¿cómo vas a construir políticas públicas si ni siquiera tienes una coordinación interinstitucional con los municipios que comparten la problemática y con los estados que comparten la problemática? no es posible”. Indicó que se tienen varios trabajos que se están haciendo con motivo de la intermunicipalización, sin embargo, este tema no está incluido. Además, acotó que los funcionarios que llegan no son expertos en la materia y desde su conocimiento empiezan a crear políticas públicas de acuerdo a intereses partidistas. “Hay un montón de trabajos que se están haciendo a partir del IMPLAN, donde esta coordinación para crear la intermunicipalización, pero no se está viendo este tema en esa coordinación, y este como es un tema muy complicado, muy difícil de entender y de aceptar, claro que no está en estos trabajos del IMPLAN. Es cierto que los gobiernos ni han querido ni han podido, porque también otra realidad, nos guste o no, la mayoría de los funcionarios que llegan no son porque sean los expertos en la materia, y entonces a partir de sus saberes o desaberes, de sus filias y de sus fobias, empiezan a crear una serie de políticas públicas de acuerdo a lo que el interés partidista o del jefe inmediato le convenga, no son los expertos los que crean las políticas públicas, son los intereses partidistas”. Ante tal situación, la activista señaló que desde hace dos años, en la Red de Justicia por Nayarit, grupo conformado por diversas asociaciones, académicos y organismos empresariales, se trabajó en un documento de políticas públicas transversales para atender este problema.