Con el objeto de que el Impuesto sobre Hospedaje que recauda la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado se destine exclusivamente a promoción, planeación y apoyo al turismo estatal, el diputado José Ramón Torres García propuso una iniciativa que plantea adicionar al artículo 32 párrafo cuarto de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí.

La iniciativa plantea que adicionalmente, se transparente anualmente el monto detallado de lo recaudado, y que se otorguen estímulos fiscales a las personas físicas o morales que presten el servicio de hospedaje mediante la modalidad eco turístico y/o sean sustentables con el medio ambiente.

En su exposición de motivos, el legislador indica que el turismo debe de constituirse en una importante palanca del desarrollo para las regiones del Estado, considerar sus vertientes, como pueden ser turismo de aventura, cultural, gastronómico y ecológico.

Agrega que entre los prestadores de servicio que serían beneficiados serían aquellos que cuenten y ofrezcan técnicas para preservar el medio ambiente; usen materiales reciclados en sus proyectos de construcción, mobiliario o equipamiento o ampliación, instalación de paneles solares y/o térmicos; cuenten con cámaras que filtren los desechos de los inodoros; tengan Sistemas de riego ahorradores; reduzcan considerablemente el uso de plástico; utilicen productos biodegradables, sensores de luz inteligentes, y respeten la tradición y la cultura local, el paisaje rural y la biodiversidad de su entorno, además de ser responsable socialmente, entre otros.

Indica que se estima que desde el año 2016, el estado ha recibido más de dos millones de visitantes por año. En 2018 la ocupación hotelera promedió casi el 60.7%, generó más 15,000 empleos y registró una inversión privada superior a los 10.3 millones de dólares.

Antes de la pandemia ocasionada por el virus covid-19 la ocupación en las cuatro zonas del estado representaba un crecimiento del 6 %.

Se indica que el origen del Impuesto sobre Hospedaje debe ir encaminado con los principios de transparencia, eficacia y eficiencia en el manejo del recurso público, además de que su creación data del año 1999, sin que se haya puesto especial atención en la evolución del mismo en los efectos en el medio ambiente.

La iniciativa se encuentra en análisis en la Comisión de Hacienda del Estado.