El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio de recursos en la entidad corresponden exclusivamente a cuestiones administrativas y no a un mal manejo financiero. El mandatario sostuvo que la administración estatal no recibió observaciones de carácter financiero y afirmó que San Luis Potosí fue uno de los tres estados del país que concluyeron la fiscalización sin señalamientos en ese rubro, lo que, dijo, refleja un adecuado manejo de los recursos públicos. Respecto de las observaciones administrativas, que señaló ascienden a alrededor de 35 millones de pesos, explicó que obedecen principalmente a la falta de alguna firma o documento que respalde determinados procedimientos, y no a desvíos o irregularidades en el ejercicio del gasto. Gallardo Cardona también restó importancia a las posibles sanciones derivadas de estas observaciones, al señalar que las acciones emprendidas por la Contraloría General del Estado consisten únicamente en llamados de atención dirigidos a los servidores públicos que incurrieron en dichas omisiones administrativas.

De acuerdo con el desglose de la ASF correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, entre las principales observaciones realizadas a entes públicos de San Luis Potosí se encuentran 23.6 millones de pesos derivados de una auditoría a las participaciones federales administradas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de San Luis Potosí, aunque el señalamiento corresponde a recursos ejercidos por el Congreso del Estado que no fueron debidamente comprobados. Asimismo, la ASF observó 4.8 millones de pesos a la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, mientras que poco más de un millón de pesos correspondieron a recursos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, que fueron reintegrados a la Federación tras las observaciones detectadas, por lo que ese monto fue recuperado. El gobernador insistió en que estos señalamientos no representan un daño al erario ni implican desvío de recursos, sino observaciones relacionadas con la integración de expedientes y el cumplimiento de requisitos documentales durante los procesos de comprobación del gasto.

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