A más de un año de la tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en el antro “Rich”, ubicado en Plaza Alttus, los padres de familia de las víctimas exigieron a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) ampliar las investigaciones para incluir a los servidores públicos que, por acción u omisión, habrían permitido las condiciones que derivaron en el fatal incidente.

Hasta el momento, la carpeta de investigación abierta por la FGE incluye sólo a tres personas vinculadas con la propiedad y operación del establecimiento. No obstante, los familiares sostienen que el caso debe abordarse desde dos niveles de responsabilidad: la de los particulares y la de las autoridades que otorgaron permisos o incumplieron con la supervisión de medidas de seguridad y protección civil.

“No se trata únicamente de un negocio que operaba fuera de la ley, sino de una cadena de omisiones de funcionarios que tenían la obligación de vigilar y prevenir. Exigimos que la Fiscalía actúe con firmeza contra todos los responsables, sin excepción”, señalaron los padres en un documento entregado a la autoridad estatal.

Omisiones documentadas

Los familiares recordaron que la Contraloría Interna Municipal determinó responsabilidades de varios funcionarios por falta de supervisión y control, y que dicha resolución forma parte del expediente ministerial.

“Estos hechos no pudieron ocurrir sin la intervención activa o la omisión de autoridades municipales y estatales. Ignorar esta realidad sería negar los antecedentes del caso”, advirtieron.

A un año y cuatro meses del inicio de la investigación, ningún funcionario ha sido llamado a declarar, lo que, según los familiares, refleja una preocupante falta de avance y envía “un mensaje de impunidad y desinterés por la justicia”.

“El homicidio se persigue de oficio; no puede haber silencio”.

Los padres recordaron que el homicidio es un delito que se persigue de oficio, por lo que la Fiscalía está obligada a continuar con las investigaciones hasta deslindar responsabilidades, tanto de los particulares como de los servidores públicos involucrados.

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“Queremos creer que la Fiscalía comparte nuestro interés en que la justicia sea completa y no parcial. La sociedad merece saber que nadie está por encima de la ley”, expresaron, pero “el silencio de las autoridades no puede convertirse en cómplice. Exigimos verdad, justicia y memoria. Que esta tragedia no quede impune”, concluye el comunicado.