El Partido Acción Nacional (PAN) presentó oficialmente al Senado la solicitud de declaración de desaparición de poderes en el estado de Sinaloa por los señalamientos de autoridades de Estados Unidos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. A través de un escrito dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, la bancada panista pide a la Comisión Permanente que llame a un periodo ordinario de sesiones para tratar este tema.  “La acusación formulada por autoridades estadounidenses, sostiene que dichas personas habrían protegido a líderes criminales, frente a investigaciones, detenciones y procesos penales, filtrando, información sensible, sobre operativos, utilizando corporaciones policiales para proteger, cargamentos de droga, permitiéndose la operación de laboratorios y rutas de trasiego, y tolerando o facilitando hechos de violencia criminal, sin consecuencias”, indica la solicitud.  Precisa que en el caso resulta más grave, porque la acusación no se limita el ejercicio posterior del gobierno, sino que apunta al origen mismo del poder político en Sinaloa. De acuerdo con la imputación, Rubén Rocha Moya habría sido electo gobernador en 2021 con apoyo de la facción criminal cuyos integrantes abren intimidado y secuestrado a rivales políticos, así como intervenido en la jornada electoral, a cambio de que posteriormente se les permitiera, operar con impunidad, distribuir droga hacia los Estados Unidos. La solicitud argumenta que de acuerdo con tales imputaciones, no estaríamos frente a un gobierno, simplemente rebasado por el crimen organizado, sino ante una situación en la que el aparato público estatal ha sido convertido en infraestructura funcional del propio crimen organizado. En términos constitucionales, ellos supone una alteración radical de los fines del poder público, pues las instituciones encargadas de proteger a la población, perseguir, delitos y preservar el orden jurídico, habrían sido utilizadas para proteger a quienes lo quebrantan.

En este contexto, el pan argumenta que la comisión permanente del Congreso de La Unión debe cumplir con la función que la ley reglamentaria de la asigna durante los recesos legislativos, y como cara el Senado de la República, a sesiones extraordinarias para conocer, sustancial y resolver la solicitud de declaración de desaparición de poderes en el estado de Sinaloa.  Aclararon que la solicitud no es sustituye una investigación penal, de anticipar una condena, ni vulnerar la soberana de Sinaloa, sino precisamente restituir el orden constitucional, proteger a la población, garantizar la vigencia del pacto federal y evitar que las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado, permanezcan bajo señalamientos directos de servir a los intereses criminales.

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