La Ley 3 de 3 es una responsabilidad colectiva y el primer filtro debería de ser aplicado por los partidos políticos, ya que tendrían que identificar en sus candidaturas que personas cumplen con la ley, señaló Paloma Blanco López consejera presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). La Ley 3 de 3 prohíbe ocupar cargos de representación popular, ni ser funcionarios públicos a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias. La consejera externó que la verificación se realizará una vez que inicie el proceso de registro de candidaturas, el cual aún no comienza. Explicó que a través del Sistema Estatal de Registro que tiene el Ceepac se recaba dicha información, posteriormente se manda la información al Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Esta institución entregará la documentación al organismo electoral para determinar si las y los candidatos tienen alguna sentencia o están en el registro de deudores alimentarios morosos. Si los candidatos no pasan la verificación entonces el Ceepac también tiene la obligación de realizar la verificación: “para eso generamos lineamientos y para eso generamos este camino de verificación”.