Desde el Congreso del Estado se ha propuesto aplicar sanciones no solo contra aquellas personas que roban el patrimonio de la ciudad como las alcantarillas y los cables de cobre, sino también para aquellas personas que son compradoras de estos insumos. Legisladores locales del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo presentaron en el Pleno una iniciativa para sancionar a quienes cometan el robo contra el mobiliario y/o equipamiento urbano. El diputado Eloy Franklin señaló que el ayuntamiento capitalino gasta en promedio entre 15 y 17 millones de pesos años en reponer estos insumos que son sustraídos. “El circulo vicioso no es del fulano que se roba este material, sino también está la persona que compra este material, las famosas chatarreras o el kilo, aquí van penas severas no solo para quien roba sino para quien está comprando y sabe y está procesando este acero, aluminio o cobre, también van las sanciones para ellos”. Destacan en esta propuesta de ley que será calificado el robo cuando se cometa respecto a la compra, venta y resguardo de materiales que conduzcan energía eléctrica, drenaje, agua, gas, y cualquier bien público o mobiliario urbano que esté destinado a la prestación de un servicio. Con ello, proponen penas de prisión de 5 a 10 años y de 100 a 143 días de multa. “A quien por sí misma, o a través de un tercero adquiera posea, desmantele, venda, enajene, comercialice, trafique, pignore, reciba, traslade, use u oculte el o los instrumentos, objetos o productos del mobiliario urbano y/o equipamiento urbano, producto del robo, acto ilícito o procedencia desconocida y además a la reparación del daño, así como el monto pagado como indemnización por el municipio en donde se haya cometido el ilícito”, suscribe.