San Luis Potosí, SLP.- La Dirección General de Pensiones enfrenta una presión financiera estimada en 4 mil millones de pesos, derivada principalmente del incremento en el número de trabajadores jubilados y pensionados, informó la secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, Ariana García Vidal, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado.

En respuesta a los cuestionamientos del diputado César Lara, la funcionaria explicó que al inicio de la actual administración se contabilizaban cerca de 5 mil jubilados y pensionados, mientras que para 2026 la cifra se aproxima a las 10 mil personas, lo que ha generado un incremento considerable en las obligaciones financieras del sistema.

García Vidal señaló que para este año se autorizó un presupuesto de 2 mil 600 millones de pesos para el fortalecimiento del sistema; sin embargo, indicó que las obligaciones que debe cubrir el Estado ascienden a alrededor de 800 millones de pesos y que se estima una presión financiera de hasta 4 mil millones de pesos.

La secretaria no precisó durante su respuesta si esta última cifra corresponde a un déficit anual, a recursos adicionales requeridos o al conjunto de compromisos financieros del sistema, por lo que quedó pendiente conocer el desglose de esa estimación y las fuentes de financiamiento previstas para atenderla.

En cuanto a los adeudos con la Dirección General de Pensiones, García Vidal aseguró que el Gobierno del Estado no mantiene obligaciones pendientes con el organismo y sostuvo que se han atendido compromisos heredados de administraciones anteriores.

Asimismo, afirmó que el pago de las pensiones está garantizado y que la Secretaría de Finanzas realiza ajustes presupuestales para proporcionar los recursos adicionales que sean necesarios. Explicó que esta reorganización busca asegurar el cumplimiento de las prestaciones de jubilados y pensionados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H

La funcionaria reconoció que la sostenibilidad del sistema representa uno de los desafíos de las finanzas públicas estatales, debido al crecimiento de las obligaciones y la necesidad de garantizar los pagos presentes sin comprometer la estabilidad financiera de los próximos años.