La Presidencia de la República solicitó este lunes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revertir el freno que dio al “Plan B” de reforma electoral, pues acusa que está fuera de sus facultades y “el Poder Judicial también tiene límites en su actuar”.  La solicitud fue hecha a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, informó la institución en un comunicado.  “La SCJN no debió admitir la demanda presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE), debido a que el artículo 105, fracción I, de la Constitución prohíbe al máximo tribunal tramitar este tipo de controversias constitucionales en contra de leyes electorales, como son el conjunto de normas que integran el ‘plan B’”, señaló.  Para el Poder Ejecutivo a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Corte “debió negarse la suspensión solicitada por el INE porque su otorgamiento contraviene el artículo 14, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, que a la letra dice: ‘La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales’”, apunta.  Cómo ejemplo, la consejería jurídica se citó que la resolución 123/2022-CA de la Segunda Sala de la SCJN que negó en 2022 al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) la suspensión de la ley electoral que modificaba su organización administrativa, al tratarse de una norma general que no puede ser materia de suspensión en una controversia constitucional. “¿Es razonable y congruente que los jueces constitucionales se separen de las prohibiciones expresas que establece la Constitución y las leyes que expide el Congreso de la Unión, así como de sus propios precedentes vigentes y obligatorios? La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal concluye que no”, apunta.  La Presidencia destaca que nunca en la historia de la Corte se había ocurrido que un solo juez constitucional, Javier Laynez Potisek, suspendiera la vigencia de cuatro leyes y que, de forma unilateral, ordenara “revivir” reformas del Congreso de la Unión, pues a su criterio eso constituye una evidente violación al principio de división de poderes.  “Por este y otros razonamientos lógico-jurídicos, la consejería promovió ante la SCJN los recursos de reclamación para revertir estos fallos inauditos. El Poder Judicial también tiene límites en su actuar, los cuales están enunciados expresamente en la Constitución y en las leyes que emite el Poder Legislativo. Se espera que el máximo tribunal constitucional revoque, tanto la admisión, como la suspensión de las leyes electorales aprobadas por el Congreso de la Unión, y así preservar los equilibrios entre los Poderes de la Unión”, apunta. Con información de López-Dóriga Digital.