El diputado Cuauhtli Badillo Moreno señaló que en el estado de San Luis Potosí no existe una ley que defina y regule la utilización de los equipos en los centros de reinserción para bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, entre otros. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha detectado que algunas de estas extorciones se realizan desde los centros penitenciarios de la entidad, “donde se sabe que los reos poseen celulares para llevar a cabo este tipo de prácticas”. De acuerdo con datos del INEGI, -refirió- el delito de extorsión es el más frecuente en el país. En la entidad potosina, según el semáforo delictivo, se registraron 51 casos de extorsión de enero a mayo de este año, ubicándose mayor incidencia en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Por ello, presentó una iniciativa para adicionar el artículo 111 Bis a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado: “Las instituciones de seguridad publica formularán los lineamientos en el ámbito de sus competencias, con la obligación de adquirir, instalar y mantener en operación equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de trasmisión de voz, datos o imagen en el perímetro de centros de reinserción social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, cualquiera que sea su denominación. Dichos equipos serán operados por autoridades distintas a las de los establecimientos penitenciarios en centros remotos y serán monitoreados a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del C4 y/o C5i2. El bloqueo de señales a que se refiere este artículo se hará sobre todas las bandas de frecuencia que se utilicen para la recepción en los equipos terminales de comunicación móvil y en ningún caso excederá de 20 metros fuera de las instalaciones de los centros o establecimientos a fin de garantizar la continuidad y seguridad de los servicios a los usuarios externos”.