La polémica ley migratoria de Texas conocida como SB4, que permite al estado arrestar y deportar a migrantes que hayan cruzado de manera irregular, volvió a un tribunal de apelaciones, que deberá decidir si se autoriza o no aplicar la normativa. El martes, el Supremo de EE.UU. emitió una orden que daba luz verde para que la ley entrara en efecto. Esta decisión duró solo unas horas, ya que la corte de apelaciones del quinto circuito (con sede en Nueva Orleans, Luisiana) intervino y prohibió su implementación hasta que sus magistrados emitan un fallo definitivo. El panel, compuesto por tres jueces federales, se dio cita este miércoles para escuchar los argumentos de los abogados del gobernador Greg Abbott y del Gobierno de Joe Biden, enfrentados sobre la gran pregunta de quién tiene la potestad para ejercer las leyes migratorias de EE.UU. en la zona fronteriza. La nueva regla tipifica como un crimen estatal, con condena de hasta seis meses de cárcel o 20 años para personas reincidentes, la entrada irregular a Texas desde México. A su vez, permite que los jueces del estado ordenen que los migrantes arrestados bajo este nuevo delito sean expulsados a territorio mexicano. Durante la audiencia de este miércoles, el abogado en representación de Texas, Aaron Nielson, argumentó que la nueva legislación “imita” la ley federal y responde a un intento de Texas por “defenderse a sí mismo” ante una “crisis migratoria” en la frontera. “En Texas hemos decidido que, como estamos en el epicentro de esta crisis, vamos a hacer algo al respecto”, señaló. La jueza Priscilla Richman presionó al abogado con preguntas sobre cómo funcionaría esta ley en el día a día, teniendo en cuenta que permite a las autoridades arrestar a una persona bajo la “sospecha” de que haya cruzado irregularmente la frontera. Nielson reconoció no saber de qué manera se aplicaría en varios escenarios que planteó la jueza, por ejemplo si las autoridades arrestan a un migrante que lleva años viviendo en EE.UU. o si es una persona que se encuentra en proceso de solicitud de asilo. El abogado del Departamento de Justicia, Daniel Tenny, hizo énfasis en que las cortes han fallado en el pasado en contra de que un estado aplique las leyes de migración de EE.UU., que son ejecutadas por el Gobierno federal. En concreto, hizo referencia a una decisión del Supremo de 2012 sobre una ley similar que intentó promulgar Arizona, en donde los magistrados concluyeron que los estados no pueden emitir sus propias leyes migratorias. Solo uno de los tres jueces, el magistrado Andrew Holman, quien fue nominado por el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021), se mostró más escéptico frente a los argumentos del gobierno de Biden. La ley SB4, que fue aprobada por la legislatura estatal de Texas el año pasado, ha provocado una avalancha de críticas por parte de organizaciones en defensa de los derechos civiles. La organización ACLU, quien se unió a la demanda para presionar en contra de la norma, ha denunciado que, de ser implementada, llevaría a que las autoridades locales actuaran de manera discriminatoria contra las comunidades hispanas y las minorías étnicas y raciales. La batalla legal por la ley SB4 es el último ejemplo del enfrentamiento entre el gobierno de Texas, liderado por el gobernador republicano Greg Abbott y el gobierno federal. Abbott, un aliado cercano de Trump, ha acusado a Biden de provocar una “crisis” en la frontera y ha lanzado medidas para restringir la entrada de migrantes y solicitantes de asilo desde México. Entre ellas, la instalación de kilómetros de alambre de concertina y la militarización de distintas áreas fronterizas, con el despliegue de la Guardia Nacional. Con información de López Dóriga Digital / EFE