Los actos inconstitucionales del Presidente Andrés Manuel López Obrador han vuelto a poner en tela de juicio la capacidad de anulación para una Reforma Energética que ya ha sido descartada en el Congreso. Los actos presidenciales en los que, por medio de decretos, ha atentado bases constitucionales, dejan de manifiesto el empecinamiento en consolidar políticas que mucho daño pueden hacer en el país. La “Reforma” Energética es tocar un tema tan importante que debe ser afrontado desde diferentes perspectivas. Una base detonante del debate se centra en las implicaciones a muy largo plazo para el país y el desarrollo de todos los mexicanos.

Otra arista valora el análisis de las consecuencias legales de la iniciativa, posturas encontradas que refieren a un regreso inexplicable a la pre reforma energética del 2013, convirtiendo el mercado en un monopolio mucho más profundo, con un control centralizado bajo la excusa de mantener una seguridad nacional y la rectoría del estado hacia una autosuficiencia energética. Al abordar este tema, en comparativa a lo que sucede en el entorno global, preocupa el aseguramiento para un abastecimiento continuo de energía, el Presidente centra su presión para alcanzar la aceptación del Congreso evitando un segundo punto de vista hacia la inversión en energías renovables y su indiscutible autosuficiencia. Dentro de la Reforma, es esencial valorar el peligro que supone la desaparición de los órganos autónomos que regulan el mercado, la comisión reguladora de energía, la comisión nacional de hidrocarburos… una controversia sobre la línea equitativa y sin preferencia que rompe una competencia otorgando todas las facultades a la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Lo propuesto en el país se ha realizado en varios países, Corea del Norte es un ejemplo en el que la energía eléctrica cuenta con un solo actor, un paraestatal que controla todo este sector desde la producción, la comercialización, su distribución y transmisión. El Gobierno fija las tarifas interfiriendo de manera directa en la autorregulación del mercado. No hay que olvidar como México centra su Comercio Internacional en un Tratado con Estados Unidos y Canadá, algo que, de manera simple y con ánimo de ejemplificar, imposibilita la propuesta de monopolio energético; cuando una fábrica en cualquier parte de la República tiene errores o impacta de manera directa en la línea de suministro, esto tendrá efectos que transmitirán a sus socios comerciales.  La mano de obra, junto a la capacidad energética en cadenas de producción, son factores clave en los Tratados. Ambos deben estar perfectamente consolidados para garantizar una certeza jurídica imprescindible, misma que se refleja en la inversión, no solo en el sector de la energía, sino en cualquier sector. Las afectaciones que traería la insistencia al ya descartado proyecto energético incluyen la incertidumbre dentro del T-Mec, junto a otros acuerdos comerciales y convenios internacionales. México ha firmado tratados internacionales en capítulos de libre comercio o tratados bilaterales de inversión donde, de manera muy concreta, se ha comprometido con los inversionistas a no discriminar, garantizar un trato justo y equitativo y, de manera muy concreta en el caso de expropiaciones, prohíbe la expropiación indirecta. Si el Estado decide cambiar las reglas de juego de tal forma que no expropia pero hace imposible la operación, los inversionistas reaccionarán a la incertidumbre jurídica, afectando la atracción de capital, entendiendo un peligroso giro en el que el país queda expuesto tribunales nacionales carentes de facultades para dejar sin efecto leyes y reformas. La compensación a los inversionistas por los daños y perjuicios generados serían un duro lastre para el Estado mexicano, arbitrajes de inversión que tardarían muchos años para la resolución de estos conflictos, afectando la imagen nacional y la publicidad económica hasta contar con un veredicto a favor en la contienda. México se encuentra, por si fuera poco, con el dilema en la implementación de medidas a favor cambio medioambiental, una situación que en el futuro no tendrá respuesta con responsabilidad única con las empresas paraestatales. En vez de pelear por la hegemonía energética, bien podríamos tomar como ejemplo a Noruega, un sistema con paraestatales de primera calidad capaces de compartir los riesgos con los privados en una asociación favorecedora para el sector industrial dentro de un modelo de transición energética congruente con cada necesidad. Entiendo esto sería viable si existiera una armonía entre Empresarios y Gobierno, aunque eso es otro tema…

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12 Agosto 2022. Opinión Económica. © Javier Rueda