La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) significa un cambio de fondo en la justicia constitucional del país, cuya efectividad está en duda, consideran académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Advirtieron que ese paradigmático cambio (por la elección por voto popular de los integrantes del pleno, nueva estructura y reglas de operación de la SCJN, además de los perfiles de ministras y ministros), pondría en jaque la calidad de la justicia.

“Hay cambios en la estructura, pero no hay bases para evitar la saturación de los órganos jurisdiccionales, ni da reglas procesales que permitan hacer más efectiva la justicia”, dijo Sergio Charbel Olvera, catedrático de la UNAM.

Advirtió que la disminución de personas que integrarán el pleno, de 11 a nueve, y la eliminación de las salas para sesionar sólo en pleno, implica un problema de sobrecarga de trabajo para las y los ministros.

“Son alrededor de 15 mil asuntos que resuelve la SCJN por año y la reducción de ministras y ministros y el que todos los asuntos se conozcan por el pleno, va a repercutir en la impartición de justicia”, agregó.

Vaticinó que la Corte optará por “recibir sólo asuntos seleccionados”, aunque dijo que ello va también en detrimento del acceso a la justicia, pues una gran cantidad de casos no podría tener una resolución del máximo tribunal del país.

Alberto del Castillo del Valle, también académico de la UNAM, cuestionó la capacidad para impartir justicia de la nueva integración de la SCJN.

“La preocupación que tenemos los abogados en general es saber quién nos va a atender ahora para resolver los juicios; esto es, si los nuevos juzgadores tendrán o no capacidad por conocimientos, por experiencia, pero, sobre todo, si no serán meros títeres de un movimiento político”, señaló.

El académico Olvera planteó también su preocupación de que la nueva SCJN resuelva por “línea política” y con ello se ponga en duda su imparcialidad, lo que generaría un problema serio en cuanto a garantizar el Estado de derecho.

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Consideró que aún peor sería que quienes integran el máximo Tribunal del país resuelvan los asuntos buscando la decisión demagógica, la que le guste más a la mayoría del pueblo y que resulten ser posturas con ideología política o intereses de partido.

Con información de El Financiero