La mañana de este miércoles 9 de marzo, el presidente de Fundación Renace, José Mario de la Garza Marroquín presentó una iniciativa de ley para adicionar el artículo 45 BIS al Código Penal del Estado, el cual establece que se deberá indemnizar con un día de salario mínimo por cada día que una persona haya pasado encarcelada de manera injusta o con violaciones al debido proceso. La iniciativa plantea que el sentenciado podrá realizar el cobro de esta indemnización presentando su sentencia absolutoria y una identificación oficial ante la Secretaría de Finanzas del Estado. La financiación de este fondo deberá ser considerado en la propuesta de Presupuesto de Egresos que cada año presenta el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado. Tomando en cuenta el valor actual del salario mínimo ($172.87 diarios), la indemnización correspondería a 5 mil 186.1 pesos por mes y 63 mil 097.55 pesos por cada año que el sentenciado haya pasado tras las rejas. El cobro de esta indemnización no anulará la posibilidad de que el sentenciado emprenda acciones legales en contra del Estado o sus funcionarios. La exposición de motivos de esta propuesta reconoce que la cantidad de indemnización es insuficiente para la magnitud del daño provocado a estas personas, pero ayudará a que puedan retomar el ritmo de su vida social, familiar y productiva y a fortalecer su proceso de reinserción social y confianza personal. En su propuesta, el abogado también señala que para quienes salen de prisión es difícil insertarse en el mercado laboral, debido a conductas discriminatorias en las que se excluye a quienes han salido de prisión, aunado a que muchos de ellos salen ya con edad avanzada y esto contribuye a la cancelación de su vida productiva. El derecho de una indemnización a personas que han sido encarceladas injustamente ya es reconocido en constituciones y leyes de países como: Paraguay, Chile, Venezuela, Ecuador, Portugal y España; así como en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Esta iniciativa de ley ya había sido presentada el 18 de mayo de 2015, durante la LX Legislatura del Congreso del Estado, por el propio José Mario de la Garza, sin embargo, nunca fue atendida por los legisladores. En aquella ocasión se planteaba una indemnización de dos salarios mínimos por día de encarcelamiento y para esta ocasión se redujo a un salario mínimo. Recientemente fue lanzado el Documental “Me dicen El Potro”, que narra la historia de Luis Alejandro Chávez Mendoza, alias “El Potro”, quien fue encarcelado injustamente, únicamente por tener el mismo apodo que un presunto delincuente. El protagonista de este documental habría cobrado la cantidad de 127 mil 923.8 pesos por los 2 años y 10 días que estuvo tras las rejas, si esta ley estuviera vigente en San Luis Potosí.