José Mario de la Garza Marroquín, presidente de Renace San Luis Potosí condenó la falta de procuración de justicia y las detenciones arbitrarias que se presentan  en todo el Bajío. En entrevista para Así las Cosas en el Bajío, José Mario de la Garza, expresó que se ha creado un sistema “muy abusivo” con la prisión preventiva; pues solamente en 2020 fueron detenidos y encarcelados más de 70 mil personas que hoy siguen algunos sin un sentencia definitiva, mucha gente inocente está en la cárcel esperando a que se les resuelva su situación, enfatizó. La mayoría de la gente de bajos recursos, pero aunado a ello, el segundo problema radica que en la mayoría de ellos son señalados y denigrados por la sociedad negándoles oportunidades de reintegración. “El sistema no funciona, ya que los números en cuanto a inseguridad siguen subiendo, debemos cambiar el sistema y buscar dinámicas que realmente funcionen”, subrayó.

Asimismo, confesó que en alguna ocasión ellos (Renace) propusieron “que el Estado si te interpone la prisión preventiva, si se recupera la libertad y se estima la inocencia del acusado, se debería dar una compensación económica”, pero en el caso de México, puedes estar en prisión por algunos años y el gobierno parecería que solo busca “lavarse las manos”, pues no hay una compensación para nadie, lo ven en la cantidad de discriminación a personas que pasaron tiempo en cárcel y cuando buscaron reintegrarse a la sociedad, no se les permite. Reiteró que una buena defensa requiere recursos, y que la mayoría de los acusados son gente pobre y con poco nivel de educación, por lo que también falta reformación en el tema de acceso a la justicia. Finalmente mencionó el documental “Me dicen El Potro”, que relata un caso que sucedió en San Luis Potosí, donde a una persona que le apodaban de esa forma, fue sentenciado a cárcel en SLP por un robo al Interapas, cuando él radicaba en Guanajuato y jamás había estado en la capital. Es una historia que le puede pasar a cualquiera, dijo.  “Lo que queremos es abrir a la discusión y el debate (...) es un asunto que le incumbe a toda la sociedad, no sólo de las policías y de las fiscalías”, cerró.