Este martes, la Cámara de Diputados comenzó la discusión sobre una reforma constitucional que busca prohibir la producción, distribución y comercialización de vapeadores en México. La iniciativa, impulsada inicialmente durante la administración anterior y ahora respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, promete enfrentar un intenso debate en el pleno. Sin embargo, los datos y las experiencias internacionales dejan una pregunta clara en el aire: ¿prohibir es realmente la solución? En México, según datos de la organización Pro-Vapeo, más de cinco millones de personas utilizan productos de vapeo, y cerca de 1.7 millones son usuarios regulares. Este mercado, con un valor aproximado de cinco mil millones de pesos anuales, no deja de crecer año con año y es una realidad que prohibirlo no eliminará esta demanda. En cambio, podría trasladarla al mercado negro, donde los dispositivos no cuentan con controles sanitarios y están disponibles incluso para menores de edad. Hoy, al menos 33 por ciento de los consumidores adquieren vapeadores en canales informales como tiendas en línea, puestos ambulantes y redes sociales, según NielsenIQ. Los precios, que van desde 70 hasta 300 pesos, hacen que estos productos sean fácilmente accesibles para adolescentes y niños. El mercado negro, alimentado por políticas de prohibición, ya ha demostrado su impacto en la salud y la seguridad pública. Grupos como La Unión Tepito y el Cártel de Sinaloa han convertido a los vapeadores en una fuente de ingresos. Recientemente, laboratorios clandestinos en Sinaloa fueron descubiertos con dispositivos rellenados con sustancias peligrosas, entre ellas fentanilo. Según datos de la Cofepris, estos productos pueden contener metales pesados como cadmio, níquel y plomo, que causan enfermedades respiratorias graves como la EPOC, así como daños cardiovasculares y mutagénicos. Prohibir estos productos no hará desaparecer estos riesgos; al contrario, los amplificará. Por el contrario, países como Reino Unido y Nueva Zelanda han optado por regular los vapeadores bajo un estricto marco normativo, que limita su acceso a menores y los utiliza como herramientas para combatir el tabaquismo. Según el Royal College of Physicians, los cigarrillos electrónicos son 95 por ciento menos dañinos que el tabaco tradicional y han demostrado ser más efectivos que los parches de nicotina para ayudar a los fumadores a abandonar el cigarro. Estos modelos podrían ser replicados en México. Estudios recientes estiman que una regulación adecuada podría generar hasta 13 mil millones de pesos anuales en impuestos, lo que representa casi 40 por ciento de lo recaudado por alimentos con alta densidad calórica y más del triple de lo recaudado por juegos de apuesta. Estos recursos serían suficientes para financiar programas de salud y prevención, además de combatir el tabaquismo de manera más eficiente. POR JAIME NÚÑEZ  

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