La decisión de los jueces mexicanos para revivir una patente farmacéutica que ya tenía tres años expirada podría generar una gran cantidad de problemáticas en diversas áreas; sin embargo, se debe priorizar el acceso de la población a los medicamentos por encima de cualquier intención de alguna farmacéutica, aseguró en entrevista para AltaVox el licenciado José Mario de la Garza.

Si bien reconoció que esto “podría generar un mecanismo para que se puedan prorrogar las patentes, […], nunca se había generado en México un criterio así, por eso ha provocado incertidumbre”.

Destacó que los 20 años que duran las patentes tienen un impacto directo en la población que no puede adquirirlas por situaciones económicas y por ello es importante garantizar el fin de las mismas, pues al culminar el periodo pueden ser fabricadas y ofertadas por menor costo.

Aunado a ello, externó que “estas sentencias que abren la posibilidad de prolongar las patentes pueden ser utilizadas por otras farmacéuticas para hacer lo mismo”.

Aun cuando enfatizó que “esto es un precedente aislado que no genera una jurisprudencia obligatoria, […], esta decisión podría representar un conflicto con los inversionistas”.

“Genera mucho nerviosismo el ver cómo se resuelve esto”, puntualizó.

Además, recordó que, en el mercado, las medicinas que no tienen patente valen menos y eso provoca que puedan ser más accesibles para la población; si bien se ha ido encareciendo cada vez más el tema de los medicamentos en México, “cuando hay un problema de desabasto a nivel nacional, el Estado podría hacer que los dueños de las patentes permitan hacer uso público de ellas por determinado tiempo para fabricar medicamentos más baratos”.

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Aunque esto difícilmente podría ser aplicado por restricciones que están establecidas dentro de tratados internacionales como el T-MEC, porque muchas patentes están registradas por empresas transnacionales y el violentarlo podría tener consecuencias bastante considerables.