El diputado Marco Antonio Gama, propuso reformar disposiciones de diversas Leyes del Estado de San Luis Potosí, con el propósito de cambiar el concepto de Grupos Vulnerables y sustituirla por el principio de Grupos de Atención Prioritaria, lo que incidirá en el diseño, implementación y construcción de las políticas públicas dirigidas a este grupo poblacional. El legislador indica que la denominación de “grupos vulnerables” tiene connotaciones lingüísticas negativas, al revictimizar y estigmatizar a diferentes grupos de personas, por estar expuestas al condicionamiento o limitaciones en el ejercicio de sus derechos, o por sus condiciones; lo anterior debido a diferentes circunstancias.  Indica que recientemente, un grupo de regidores del Ayuntamiento de la Capital, propuso una modificación a la Ley Orgánica del Municipio Libre, precisamente para que la Comisión edilicia de Grupos Vulnerables, para pasar a llamarse Comisión de Grupos de Atención Prioritaria, ya que el uso de la denominación ocasiona que se fije la atención en el concepto de “vulnerabilidad”, para definir a colectivos completos, con posibles impactos negativos.  Por lo que, al modificar la denominación por “Grupos de Atención Prioritaria”, se busca crear una impresión digna e incluyente sobre los grupos aludidos, además de que se considera también el impacto del lenguaje en la sociedad, al citar como ejemplo nominativo, el lenguaje inclusivo, que se ha incorporado a las Leyes. Además, se debe agregar que la definición de “Grupos de Atención Prioritaria”, desplaza la atención fijada en una característica excluyente o estigmatizante de la población objetivo, para reubicarla en la acción pública; puesto que el término de “atención”, en el contexto normativo, alude a los deberes y atribuciones de las autoridades al respecto de los grupos sociales que deben de considerarse como objetivos básicos de los diversos programas públicos. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Derechos Humanos.