Para castigar a los servidores públicos que sean partícipes del delito de homicidio contra personas defensoras de derechos humanos o periodistas, por motivo de sus actividades, opiniones, expresiones o manifestaciones, una diputada mexicana propuso una pena de 50 a 60 años de prisión. La organización Artículo 19 indicó que en los últimos años en los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, el Estado mexicano “no se está investigando a sí mismo luego de que los perpetradores, en un gran porcentaje de los casos, son parte del propio Estado”. En un comunicado emitido este sábado, la Cámara de Diputados de México informó que la legisladora Carolina Dávila Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa que reforma y adiciona la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código Penal Federal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La propuesta al Código Penal Federal establece que “si el homicidio se comete contra un periodista o persona defensora de los derechos humanos por motivo de sus actividades, opiniones, expresiones o manifestaciones, se impondrá una pena de 50 a 60 años de prisión”. Sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas se plantea adicionar el artículo 64 Quáter para señalar que “incurrirá en daño a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el servidor público que en el marco de su actuación realice acciones u omisiones que desprestigien, obstaculicen y coarten las labores de defensa de los derechos humanos y periodistas”. Además, la reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, prevé crear el Registro Nacional de Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, el cual será de carácter público. “Este registro deberá contener la información relativa a las agresiones, la fecha y lugar de los hechos, el nombre de la víctima, el nombre de los perpetradores identificados, las medidas implementadas por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el estatus de cumplimiento de las medidas y las sanciones”, indicó el comunicado. La iniciativa apenas fue enviada a las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Derechos Humanos, para opinión. México es uno de los países del mundo más violentos para el gremio periodístico y los defensores de DD.HH. Cada año se registran numerosos asesinatos, agresiones e intimidaciones en su contra contra por parte del crimen organizado y de autoridades. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Interior) de México tiene actualmente mil 508 personas beneficiarias, entre ellos 495 periodistas (155 mujeres y 360 hombres) y 1.023 personas defensoras de derechos humanos (551 mujeres y 472 hombres). A finales de enero la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo precisó que, a partir de diciembre de 2018, se tenían contabilizados 52 asesinatos contra periodistas y 97 contra personas defensoras de derechos humanos en México. Con información de López Dóriga Digital / EFE