La iniciativa para crear la Secretaría de la Familia en San Luis Potosí, presentada por la diputada Ma. Sara Rocha Medina, abrió el debate sobre la necesidad real de una nueva dependencia estatal y el riesgo de duplicar funciones que actualmente ya realizan otras instituciones públicas. La propuesta plantea reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para concentrar en una sola secretaría la política pública relacionada con el bienestar familiar, con facultades para diseñar, coordinar y evaluar programas en la materia, además de transversalizar el enfoque familiar en todas las dependencias del gobierno estatal. Entre las atribuciones previstas se encuentran la prevención de adicciones, la atención a la salud mental con énfasis en la infancia y grupos vulnerables, la promoción de valores y la coordinación con organismos públicos, privados y sociales. Asimismo, se contempla la creación de un sistema estatal de bienestar familiar y áreas especializadas a nivel estatal y municipal para brindar orientación y atención directa a las familias. Sin embargo, distintos puntos del planteamiento coinciden con funciones que actualmente ya desempeñan dependencias como el DIF estatal, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva y otras instancias que operan programas enfocados en salud mental, prevención de adicciones, atención a grupos vulnerables y fortalecimiento del núcleo familiar. Especialistas en administración pública advierten que la creación de una nueva secretaría podría generar traslapes de atribuciones, conflictos de competencia y una mayor dispersión de responsabilidades, lo que complicaría la coordinación interinstitucional en lugar de fortalecerla. En lugar de centralizar esfuerzos, señalan, podría abrirse un nuevo nivel burocrático que replique acciones ya existentes.

A ello se suma la falta de claridad presupuestal de la iniciativa, ya que no se detalla de dónde provendrían los recursos para su operación ni si se prevé una reingeniería administrativa que evite el crecimiento del gasto público. En un contexto de presión financiera y demandas sociales urgentes, la asignación de recursos a una nueva dependencia podría implicar recortes o debilitamiento de programas que ya están en marcha. Por ahora, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales, donde será analizada. Su viabilidad dependerá, entre otros factores, de si se logra justificar que la nueva secretaría aporte valor adicional y no replique funciones que hoy ya forman parte de la estructura gubernamental. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H