El huachicol fiscal dejó de ser una historia de ductos, pipas clandestinas y ranchos perdidos. La nueva fotografía del expediente federal apunta a una operación más sofisticada: pedimentos aduanales, ferrotanques, terminales logísticas, empresas importadoras y una red que, después de cruzar por Tamaulipas, habría enviado combustible irregular hacia el corazón industrial del Bajío: Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí. De acuerdo con información publicada por Reforma y replicada por Agencia Reforma, la Fiscalía General de la República detectó que una estructura criminal logró introducir desde Estados Unidos a México más de 144 millones de litros de diésel, gasolina y nafta ligera en apenas 52 días, entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025. Para dimensionarlo: equivaldría a 2.7 millones de litros diarios, unas 61 pipas tipo full por día o combustible suficiente para llenar diariamente el tanque de 42 mil autos.  

La mecánica, según la indagatoria citada por Reforma, fue quirúrgica: la red habría tramitado 291 pedimentos de importación y movilizado mil 366 ferrotanques cargados con hidrocarburos, pero declarados ante la Aduana de Matamoros como “solución de cloruro de calcio”. En términos operativos, el delito no estaba en esconder el combustible en una brecha, sino en disfrazarlo dentro del sistema formal. Contrabando con factura, no con manguera.   La pieza más sensible para el Bajío aparece después de la frontera. Según la misma información, los hidrocarburos tenían como destinatarios finales a Ferroservicios y Jumandi Group, y una vez librada la Aduana de Matamoros eran transportados por tren hacia Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí. Ese dato cambia el eje de lectura: el caso ya no es únicamente Tamaulipas; el expediente coloca al Bajío como corredor logístico clave del huachicol fiscal ferroviario.  

La FGR atribuye la operación aduanal a Servicios Aduanales JR, empresa vinculada a Armando III Riestra Fernández, señalado como cabeza de la red y preso desde enero en el Altiplano. A raíz del cateo del 21 de julio de 2025, cuando se aseguraron 17 ferrotanques —15 con más de 1.6 millones de litros de diésel y dos con nafta ligera—, un juez federal libró 13 órdenes de aprehensión contra empresarios y funcionarios. Para la fecha de la nota, siete personas ya habían sido detenidas y procesadas.   El expediente escaló hacia mandos militares. Reforma reportó que la FGR busca detener a los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, ambos titulares de la Aduana de Matamoros en distintos momentos, así como al teniente de Policía Militar Jorge García García, exsubdirector de Operación Aduanera. El País, citando a Reforma, señala que los militares forman parte de una lista de 13 personas —entre militares, funcionarios y empresarios— con órdenes de captura, de las cuales siete ya fueron detenidas.  

La parte política del caso también es clara. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que la FGR mantiene abiertas al menos dos investigaciones de gran calado por huachicol fiscal: una relacionada con el buque asegurado en Tampico en 2025 y otra con carros tanque ferroviarios que ingresaron combustible por la frontera terrestre. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, anticipó además que hay operativos y detenciones pendientes.   El Bajío aparece por tres vías. La primera: Jumandi Group, ubicada en Estación Chicalote, San Francisco de los Romo, Aguascalientes. Su propia información corporativa la presenta como una empresa de logística 4PL para insumo s y productos, con ubicación estratégica para eficientar cadenas de suministro. En su versión en inglés, Jumandi se describe como una terminal de carga especializada en transbordo y transferencia de mercancías, ubicada en la conexión de vías de KCSM y Ferromex.    La segunda vía es Ferroservicios, señalada en la nota como ubicada en Querétaro. En registros públicos de servicios auxiliares ferroviarios aparece Ferroservicios, S.A. de C.V. dentro del listado de prestadoras de transbordo y transvase de líquidos en Querétaro. Ahí mismo figuran nodos de San Luis Potosí como Logística Ferroviaria Fargo, Suministros Industriales Potosinos y TFCM, lo que confirma que la región opera con infraestructura formal para movimiento ferroviario de líquidos y carga especializada.  

La tercera vía es San Luis Potosí. En julio de 2025, autoridades federales aseguraron 35 ferrotanques con 4 millones 205 mil 215 litros de diésel en un patio ferroviario ubicado en Vanegas, SLP, dentro de una serie de operativos nacionales que sumaron 206 ferrotanques y más de 24 millones de litros de combustible irregular. El Universal reportó que esa investigación buscaba ubicar empresas, dueños y funcionarios involucrados en el uso de infraestructura ferroviaria para mover huachicol.   Visto en secuencia, el patrón no es aislado. En 2023–2025, otra red presuntamente encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, altos mandos de la Marina, habría operado al menos 69 envíos con más de 564 millones de litros de combustible de contrabando mediante puertos como Tampico y Altamira, usando declaraciones falsas de aditivos para aceites lubricantes. Ese caso fue el antecedente marítimo; el expediente de Matamoros muestra la versión terrestre y ferroviaria.  

El componente internacional refuerza la hipótesis de una industria criminal con estructura empresarial. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 30 de junio de 2026 a dos mexicanos y nueve entidades por una red de contrabando de combustible vinculada al CJNG, basada en documentos aduanales falsos, empresas fachada y evasión fiscal. Entre los sancionados aparecen Oscar Guillermo Juraidini Silva, J. Refugio Ruiz Villagómez, Ahavat Logistics Solution y Jomadi Logistics & Cargo.    Aquí hay un punto fino que conviene blindar editorialmente: la nota de Reforma menciona a Jumandi Group como empresa destino del caso Matamoros; la lista oficial de OFAC consultada sanciona a Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, no a Jumandi Group. Por la similitud fonética entre Jumandi y Jomadi, la redacción debe ser precisa: se puede afirmar que el expediente de Reforma señala a Jumandi como destinataria en la operación de Matamoros, y que, en paralelo, el Tesoro sancionó a Jomadi y Ahavat dentro de otra red de huachicol fiscal vinculada al CJNG. Lo que no conviene afirmar sin documento adicional es que Jumandi Group esté formalmente sancionada por OFAC.   La lectura de fondo es dura: Querétaro y San Luis Potosí no aparecen como simples destinos administrativos, sino como nodos logísticos de alto interés para el huachicol fiscal ferroviario. Querétaro por su conectividad, terminales, cercanía industrial y rutas hacia el centro del país; San Luis Potosí por su posición estratégica entre frontera, Bajío, Centro y Golfo, además de su infraestructura ferroviaria y carretera. En lenguaje empresarial: el crimen utilizó el mismo mapa que usa la industria formal para optimizar costos, tiempos y cobertura. La conclusión operativa es una alerta regional. Si la FGR logra sostener las imputaciones, el caso Matamoros–Bajío podría convertirse en una de las radiografías más importantes del huachicol fiscal moderno: una red que cruzó combustible por aduana, lo vistió de químico, lo subió a ferrotanques y lo distribuyó hacia plazas industriales donde la logística es poder. El Bajío no fue periferia; fue corredor. Y, en este expediente, Querétaro y San Luis Potosí quedan señalados como puntos críticos de esa arquitectura. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H