La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM) emitió un enérgico llamado a los Estados miembro de la ONU a priorizar las condiciones que obstaculizan el acceso a la justicia para las mujeres en contextos de movilidad que son sobrevivientes de violencia de género. El pronunciamiento se da en el marco de la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), que se celebra del 09 al 19 de marzo en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

La RMMSyM celebró la adopción de las conclusiones acordadas en la CSW70 para garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas. No obstante, lamentó que se haya eliminado el lenguaje interseccional que reconocía las vulnerabilidades específicas asociadas a la condición migratoria.

Denuncian militarización

La Red denunció que el actual paradigma de militarización y externalización de las fronteras, impuesto por Estados Unidos y avalado por los gobiernos de la región, imposibilita el acceso a la justicia para las mujeres migrantes, mantiene las restricciones al derecho al asilo, impulsa rutas bajo control criminal y provoca retornos y deportaciones forzadas.

Señalaron que las políticas migratorias restrictivas han generado un "cuello de botella" regional que vulnera los derechos fundamentales. La RMMSyM recordó que la migración no es neutra al género, citando que las mujeres representan el 51.3% de la población latinoamericana migrante (OIM, 2022) y el 46% de las personas desplazadas forzosamente en la región (ACNUR, 2024).

Un monitoreo territorial reveló la desprotección estatal, el 69% de las víctimas de amenazas a su seguridad no presentan denuncias; el 40% no denuncia por temor a represalias; el 38% considera que no obtendrá justicia.

A nivel institucional, las defensorías de justicia presentan debilidades críticas: el 43% carece de protocolos de asistencia jurídica y el 29% no incorpora un enfoque de género.

Llamado a la ONU para una Justicia sin Barreras

Ante este escenario, la RMMSyM hizo un llamado enérgico a los Estados miembro de la ONU para transitar hacia una justicia sin fronteras a través de cuatro puntos clave:

Garantizar que denunciar violencia de género no resulte en detenciones migratorias o procesos de deportación.

2. Reconocer la defensa legal, salud, trabajo y educación como servicios vitales, y financiar programas de asistencia gratuita y especializada.

3. Fortalecer el acceso a la justicia en refugios y centros comunitarios, lugares donde las mujeres migrantes realmente buscan apoyo.

4. Cumplir con la Declaración de Cartagena para tramitar solicitudes de asilo bajo una interpretación amplia de la violencia de género.

La Red concluyó que "el acceso a la justicia no es un trámite, es una garantía de supervivencia," y que sin desvincular el control migratorio de la atención integral a las mujeres sobrevivientes de violencia de género, "la justicia para ellas seguirá siendo una promesa vacía."

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Con información de Excélsior