La violencia letal en conjunto presentó una reducción del 22 por ciento en el primer trimestre del 2026 respecto del mismo periodo del año anterior, según datos oficiales del Gobierno de México, así lo señaló Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa. No obstante, subrayó la importancia de leer con cautela la tendencia a la baja ante la ausencia de un ejercicio serio de evaluación por parte de actores de los gobiernos federales y locales respecto a la reducción de la violencia. En este sentido, precisó que es evidente que los datos oficiales reflejan una reducción clara: los homicidios dolosos se redujeron un 33 por ciento; otros delitos contra la vida, 24 por ciento; personas desaparecidas, 23 por ciento; feminicidios, 15 por ciento; y homicidios culposos, 5 por ciento. No obstante, no se conocen las causas, aseguró el especialista, por lo que no se puede atribuir la caída de la violencia letal a una intervención del gobierno federal. En consecuencia, el ejercicio serio es imprescindible porque existen serias dudas ante la narrativa del oficialismo, pues, explicó Armando Vargas, si bien sí hay un debilitamiento al crimen organizado en las cifras, persiste una falta de coordinación entre policías y fiscalías, en políticas de prevención social de la delincuencia; además, las policías municipales carecen de herramientas, competencias y condiciones básicas para llevar a cabo sus labores. "Es difícil pensar que la reducción se pueda deber a esas políticas o a la intervención gubernamental", agregó Vargas, quien reconoció que podría haber cierto grado de eficacia por parte del Gobierno de México -y en principio es una buena noticia-, pero insistió en que hace falta un ejercicio de evaluación serio. Por consiguiente, este contexto y la presentación de cifras oficiales -y ante la duda que se ha desencadenado-, México Evalúa propone tres hipótesis para explicar las causas de la reducción de la violencia en el país, detalló Armando Vargas.

La primera es que la disminución responde a políticas públicas de la Federación y los gobiernos locales. Algunos elementos que refuerzan dicha hipótesis es que en el primer trimestre se observó una intensa actividad gubernamental con programas sociales, mesas de paz, visitas casa por casa, entre otras; sin embargo, se reserva esta teoría porque la información no permite saber con precisión qué de todo lo registrado en esa actividad explica puntualmente la reducción de homicidios. La segunda hipótesis es que existe un control de los grupos criminales en regiones del país que podría explicar la baja de asesinatos a través de otros delitos como las desapariciones y la extorsión. Esto último se da mucho en estados como Sinaloa, Guanajuato, Zacatecas, Sonora o Tabasco, entidades donde la violencia no desaparece, sino que cambia de forma, por lo que es preciso examinarla con cautela antes de atribuirla a una intervención del gobierno. La tercera hipótesis, finalmente, es que hay inconsistencias en los datos y se sostiene por la sospecha de anomalías en las estadísticas. Es decir, hay una caída de homicidios, pero existe un incremento de otros delitos que atentan contra la vida. Ejemplo de ello, el estado de Coahuila, en donde se redujeron los homicidios, pero aumentaron 37 por ciento otros delitos; o Hidalgo, en donde incrementaron 312 por ciento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H En conclusión, Armando Vargas apuntó que las fiscalías recopilan datos, sin embargo, no se sabe a ciencia cierta el trabajo que se realiza y el margen de error -común en todas las políticas de seguridad en el mundo- ha incrementado con los años, lo que podría significar un espejismo de los datos y que la ciudadanía deba preguntarse por qué ocurren estos fenómenos en políticas públicas de seguridad.