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A 15 días para que termine el periodo ordinario de sesiones se organizarán foros abiertos para que los diversos sectores involucrados participen
01:50 martes 16 junio, 2026
San Luis
San Luis Potosí, SLP. — Todas las propuestas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios respecto a la reforma político-electoral serán atendidas y evaluadas a fondo, afirmó el diputado Roberto García Castillo, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado.
El legislador informó que, además de las mesas de trabajo internas, se organizarán foros abiertos para que los diversos sectores involucrados puedan emitir sus opiniones y enriquecer la propuesta.
García Castillo destacó que existe el acuerdo formal para que el dictamen final quede listo e integrado este mismo mes, dentro del actual periodo ordinario de sesiones. El objetivo, señaló, es alcanzar los consensos necesarios para consolidar un ordenamiento de altura que responda a las expectativas de la ciudadanía.
"Estamos atendiendo propuestas de cada grupo parlamentario en este análisis que nos permita sacar un acuerdo que privilegie la democracia, tengamos juego limpio y todos puedan participar en condiciones igualitarias", apuntó el presidente de la Jucopo.
Uno de los puntos de mayor coincidencia entre las bancadas es el diseño de mecanismos estrictos para evitar que personas con vínculos con el crimen organizado puedan postularse como candidatos.
Respecto de los foros de consulta, el diputado adelantó que en breve se darán a conocer las fechas oficiales. Subrayó que el aspecto presupuestal sigue siendo el reto más importante del proyecto, por lo que se buscará tomar decisiones financieras adecuadas para garantizar que los recursos públicos invertidos se aprovechen al máximo.
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Consultas pendientes bajo la lupa de la SCJN
Finalmente, García Castillo añadió que para el próximo periodo ordinario de sesiones, uno de los compromisos más relevantes será la realización de las consultas públicas. Explicó que este tema ya se analiza en coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para definir la ruta legal que permita cumplir correctamente con este ordenamiento.