Con el fin de fomentar el turismo de migrantes, en Sesión Ordinaria, la LXIII Legislatura aprobó por unanimidad de 25 votos a favor, el Decreto por el que se adiciona el artículo 63 Bis de la Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí.

Se establece como una de las facultades de la Secretaría de Turismo, el promover el turismo de migrantes, el cual comprende la visita al estado de personas originarias de San Luis Potosí residentes en otras entidades, o en el extranjero, con diversos motivos; para lo cual podrá coordinarse con las autoridades en materia migratoria.

En el dictamen respectivo, se indica que ahora que las actividades económicas comienzan a retomar su ritmo tras el impacto negativo de la pandemia, es vital para el país y el estado recuperar sus ingresos en esos rubros, y con ese fin, la diversificación de las diferentes modalidades de turismo, es una estrategia que puede resultar útil para la recuperación, al captar nuevos grupos de visitantes.

Si bien el aumento de visitas de los emigrantes potosinos al estado puede traer beneficios económicos, más allá de eso también se debe mencionar que la importancia de afirmar los lazos comunitarios, lo que resulta muy importante, por ejemplo entre los pueblos originarios, como una cuestión de identidad cultural.

Punto de Acuerdo en apoyo a Periodistas.

Por unanimidad de 25 votos a favor, se aprobó el Punto de Acuerdo, propuesto por los diputados José Luis Fernández Martínez y Rubén Guajardo Barrera, integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que el Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo del Gobierno de México para que a través de su Secretaría de Gobernación haga del conocimiento público los avances en la implementación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en todo el territorio nacional.

También se exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México a tomar las medidas necesarias para la correcta implementación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de garantizar la libertad de expresión y la realización de la actividad periodística sin riesgos a la integridad de los que ejercen esta actividad.