Están por presentar una iniciativa que obligaría a los mexicanos a pagar cuotas adicionales por los dispositivos electrónicos que sean adquiridos En otra ocurrencia más, de esas que emergen sin mucho análisis pero que pueden tener un impacto grave, el senador Roberto Moya, quien funge como presidente de la Comisión de Economía de ese órgano legislativo, está por presentar (y buscar que se dictamine) una iniciativa que obligaría a los mexicanos a pagar cuotas adicionales por los dispositivos electrónicos que sean adquiridos. ¿En qué consiste este nuevo ‘impuesto’? Veamos.  Se trata de un concepto denominado ‘copia privada’, que es una propuesta que cabildea la Sociedad de Autores y Compositores de México, y que tiene como objetivo recaudar dinero para compensarles económicamente, porque consideran que todos los mexicanos consumen contenidos audiovisuales de forma pirata.  Bajo esa simplista lógica quieren obligar a que, por cada dispositivo que tenga la capacidad de almacenar contenidos, el consumidor deberá pagar la ‘cuota’. De esta manera todos los celulares, tabletas, computadoras de escritorio, laptops y todos los dispositivos que tienen capacidad de almacenamiento automáticamente costarían más.  Esta reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor ya ha estado gravitando en el Senado desde hace meses.  Sin embargo, es la próxima semana cuando Moya pretende dictaminarla para que avance rápidamente. Este impuesto afectaría incluso a las consolas de videojuegos y las memorias USB, porque en todos esos dispositivos se puede almacenar música y contenidos. En marzo el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones había calculado que este nuevo impuesto podría implicar la estruendosa cantidad de hasta cinco mil 600 millones de pesos en carga al consumidor por la compra de teléfonos inteligentes. Este es un tema que ha ido y venido desde al menos el año 2018, con Roberto Cantoral Zucchi como uno de sus defensores principales. Ojalá el Senado analice este tema con la cabeza fría.  PROFECO Y EL AICM  Tras las alertas rojas con las que vive el sector aeronáutico por el inminente “decretazo” en la reducción de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), muchos se preguntan porque la Procuraduría Federal del Consumidor, de Ricardo Sheffield, no está haciendo nada para proteger los derechos de los consumidores que pagan 500 pesos de TUA en promedio para vuelos nacionales y más de mil pesos para vuelos internacionales. La industria está que arde estos días y por eso se pregunta el sector por qué Profeco no actúa para que los pasajeros reciban los servicios por los que pagan con dicha tarifa. En la lista de pendientes están los baños que no funcionan, los plafones que se caen en la terminal, las instalaciones que se inundan, la insuficiencia de estacionamientos, etcétera. ¿Por qué no actúa la Profeco?, es la pregunta, siendo tan claro que se paga caro y no se recibe un servicio adecuado.  POR CARLOS MOTA

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