La Fiscalía General de la República (FGR) llamó a comparecer al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. En el caso de Rocha, así como de otros nueve funcionarios sinaloenses, es en el marco de una investigación abierta tras la acusación formal de Estados Unidos por nexos con el narcotráfico. El citatorio girado por la FGR, para el próximo miércoles, a Maru Campos es por el tema de la incursión de agentes de la CIA en un operativo en esa entidad. La Secretaría de Gobernación destacó que, en los casos de los mandatarios estatales, el llamado es en calidad de testigos y descartó que se tenga “interés político”. "Lamento que Morena use las instituciones para molestar, para hacer esta persecución política contra una persona que está haciendo bien las cosas”, afirmó la mandataria chihuahuense. Rocha, quien se mantenía ausente de la vida pública desde el 1 de mayo, salió a reafirmar su postura: Soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy. Atenderé el requerimiento que me ha sido formulado por la FGR con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”, subrayó. Entre los otros nueve acusados por vínculos con el narcotráfico y también llamados a comparecer por la FGR, está el senador Enrique Inzunza —quien tampoco ha acudido a las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión—, pero ayer confirmó que responderá al citatorio:

"Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal”, indicó en su cuenta de X. La indagatoria federal se produce en un contexto de cooperación bilateral en materia de seguridad, luego de que otro de los imputados por EU, Gerardo Mérida Sánchez (exsecretario de Seguridad estatal), se entregara a las autoridades estadunidenses. El paradero del exsecretario de Finanzas Enrique Díaz, también en la lista, permanece en el hermetismo. El llamado a Rocha y Campos es en calidad de testigos: Segob

Hasta ahora, la FGR no ha precisado la fecha en que los señalados deberán acudir ante el Ministerio Público federal ni el lugar exacto donde se desarrollarán las entrevistas ministeriales. Tampoco ha informado si las comparecencias serán públicas o reservadas. Cabe señalar que la Segob aclaró que las autoridades de Chihuahua y de Sinaloa que fueron citados a declarar por la FGR en calidad de testigos y descartó que estas citaciones tengan “interés político”. La Secretaría de Gobernación (Segob) aclara que los citatorios emitidos por la FGR a autoridades de los estados de Chihuahua y Sinaloa, es un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos”, se lee en un breve comunicado emitido por la dependencia. Ayer, la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, recibió un citatorio de la FGR, para comparecer y declarar el próximo miércoles 27 de mayo, a las 10:00 horas, respecto la colaboración que mantiene su gobierno con agentes estadunidenses. En un operativo antinarcóticos realizado en Chihuahua, También, ayer, la Fiscalía citó a declarar a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa, y a otros nueve funcionarios y ex funcionarios, señalados por la justicia estadounidense ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa. Al respecto, la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez precisó que, fue informada por la FGR de estos requerimientos, en tiempo y forma, agregó que “las actuaciones (contra las autoridades de ambas entidades) se desarrollan con fundamento en la ley y no tiene interés político”. Es una persecución política, denuncia Maru Campos

Tras darse a conocer que la FGR citó a la gobernadora Maru Campos el próximo miércoles 27 de mayo, la mandataria estatal acusó que se trata de una persecución política. Lamento que Morena use las instituciones para molestar, para hacer esta persecución política contra una persona que está haciendo bien las cosas”.

Por su parte, el gobierno de Chihuahua respondió que es un acto sin precedentes que la FGR haya citado comparecer a la gobernadora y consideró el hecho como violatorio de la Constitución y un acto de persecución política. El gobierno consideró que “la Constitución y las leyes establecen con toda claridad que los gobernadores cuentan con la protección sobre su cargo, y que no pueden ser llamados a ningún procedimiento de naturaleza penal.” Acusó que la actuación de la FGR “es absolutamente violatoria de la Constitución y de la soberanía del estado de Chihuahua.” Por ello, aseguró que se trata “de un evidente caso de persecución política.”

Con información de Excélsior.