La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite recursos de reclamación contra la suspensión del Plan B de la Reforma Electoral de cara a las elecciones Coahuila y Estado de México, que se realizarán en junio del presente año. Dichos recursos fueron interpuestos por la Presidencia de la República; el presidente del Senado, Alejandro Armenta, así como la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Karla Almazán. Los recursos fueron turnados a una de las ministras de la Segunda Sala de la SCJN, donde están adscritas las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Alhf. El pasado 21 de febrero, la Suprema Corte admitió a trámite las primeras acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la primera parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral. De esta forma, suman al menos 49 controversias constitucionales admitidas contra la Reforma Electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de recursos que presentaron los partidos PRD, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Hagamos de Jalisco, así como diputados y senadores de oposición contra las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación. Al admitir los recursos, el ministro Alberto Pérez Dayán concedió una medida cautelar para que dichas reformas no se apliquen a los procesos electorales en desarrollo, esto es, los que se realizan en el Estado de México y Coahuila, “pues de no concederse podrían causarse afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste”. El Plan B de Reforma Electoral recorta 3 mil 500 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), elimina el 85 por ciento del servicio profesional electoral, y permite al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral, lo que afectaría las elecciones presidenciales de 2024, advirtió el jueves un análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Con información de El Heraldo de México.