El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará los asuntos de la Ley de Austeridad Republicana y la Ley de Energía Eléctrica en sus primeras sesiones de abril próximo, anunció el presidente de organismo autónomo, ministro Arturo Zaldívar. "Este Tribunal Pleno ha decidido ver los siguientes asuntos en las fechas que voy a dar a conocer: el próximo lunes 4 de abril se analizará el asunto relacionado con la Ley de Austeridad Republicana. "Y el martes 5 de abril iniciaremos el estudio de los asuntos relacionados con la Ley de la Industria Eléctrica. También este Tribunal Pleno ha aprobado que los proyectos respectivos sean publicados en la página de internet de la Corte el próximo lunes 28 de abril”, anunció esta tarde el ministro Zaldívar, antes de iniciar la sesión. En el primer caso, se resolverá la validez de la Ley Federal de Austeridad República (LFAR), que entre otros aspectos, establece un plazo de hasta 10 años para que un ex alto funcionario del Servicio Público pueda emplearse en el sector privado, para empresas a las que haya regulado o supervisado. Ante el pleno se listó la acción de inconstitucionalidad 139/2019, con un proyecto elaborado por la ministra Norma Lucía Pina Hernández, promovida por senadores de oposición que impugnaron los límites impuestos a las prestaciones de la alta burocracia, como los gastos médicos o compra de vehículos. Además, en contra de la LFAR se presentaron aproximadamente 6 mil 900 amparos, algunos de ellos colectivos, en contra de diversas disposición de esa reglamentación. En relación con la Ley de la Industria Eléctrica, hace casi un año, el 22 de abril de 2021, la Corte admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica, al considerar que se actúa en contra del régimen de competencia en los mercados de generación y suministro de esta industria. También senadores de oposición presentaron un recurso de inconformidad, al considerar que esta ley viola los derechos humanos y los principios de legalidad, seguridad jurídica y no retroactividad, al modificar los contratos con empresas de la industria eléctrica establecidos en la pasada administración. --

Con información de Excélsior