Por mayoría de siete votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), actualmente a cargo de Omar García Harfuch, pueda promover procesos en contra de excolaboradores de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública (SSP).

En el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Half del amparo directo en revisión 7912/2023, promovido por la SSPC, se resolvió que la dependencia del Gobierno de México está facultada para promover juicios en representación de los intereses patrimoniales del Estado.

Con esta resolución se revocó una sentencia de un Tribunal Colegiado, en la que no le reconoció legitimidad a la dependencia, al promover un amparo en un caso que involucra a 16 exfuncionarios involucrados en la firma de contratos y convenios modificatorios, entre 2010 y 2019, para la construcción de ocho centros penitenciarios, con lo que se causó un daño al patrimonio por más de 5 mil millones de pesos.

De acuerdo con los antecedentes de este caso, los involucrados formaron parte de la SSP y, posteriormente de la SSPC, en las administraciones de los ex presidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

La SSPC presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que se les imputaron cargos ante su probable responsabilidad en los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa.

Un juez de Control determinó no vincularlos a proceso y resolvió el sobreseimiento parcial de la causa, argumentando que había operado la prescripción, por lo que el Ministerio Público Federal impugnó la resolución, pero un Tribunal de Alzada confirmó el fallo.

Ante esta situación, la SSPC presentó un amparo directo, el que fue rechazado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en donde se determinó sobreseer el juicio al considerar que la dependencia no tenía legitimación para promover la demanda.

El su proyecto de la ministra Ortiz Half, aprobado por la mayoría y lo votos en contra de los ministros Giovanni Figueroa Mejía e Irving Espinosa Betanzo, se revocó esa sentencia, al considerar que existe una afectación patrimonial que no puede determinarse únicamente a partir de la clasificación dogmática del delito.

“En el caso, los recursos comprometidos en las contrataciones investigadas son recursos federales cuya gestión correspondía a la Secretaría en representación de la Federación, de modo que la conducta imputada sí produjo una afectación patrimonial directa que satisface los requisitos del artículo séptimo de la Ley de Amparo”, expresó.

Algunos de los exfuncionarios involucrados en este caso son Sergio Montaño Fernández, ex oficial mayor de la SSP; Arturo Sosa Viderique, ex director general de Administración; Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, ex director de Adquisiciones; Antonio Molina Díaz, ex coordinador general de las prisiones federales, y Celina Oseguera Parra, ex coordinadora nacional de los Centros Federales de Readaptación Social.

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Con información de Excélsior