La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe declarar constitucional el decreto que extingue 13 fideicomisos del Poder Judicial constituidos con fondos públicos, en los que se acumulan unos 15 mil 434 millones de pesos (908 millones de dólares), indicó este miércoles la Consejería Jurídica de la Presidencia de México. A través de un comunicado, el órgano jurídico del Poder Ejecutivo apuntó que los emolumentos (salarios y prestaciones) de los servidores públicos del Poder Judicial “están previstos” en el artículo 123, apartado B de la Constitución mexicana y demás normas laborales aplicables. Además apuntó que “no existe disposición constitucional alguna que establezca el pago de prestaciones extraordinarias que no estén fijadas en la ley. Los fideicomisos no son instrumentos jurídicos para otorgar prestaciones extraordinarias a ninguna persona servidora pública”. El 27 de octubre de 2023, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, promulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma por la que se eliminan 13 fideicomisos del Poder Judicial que acumulan 15.434 millones de pesos (908 millones de dólares). Pero cuatro días después, el 31 de octubre, un juez federal otorgó una suspensión provisional que frena, por el momento, la reforma por la que se declaró la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. La propuesta de eliminar estos fideicomisos surgió como parte de las propuestas del presidente López Obrador para reformar al Poder Judicial de la Federación. En el texto publicado este miércoles, se apuntó que el decreto impugnado “garantiza que las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos que se extinguen serán atendidas con recursos de los propios fideicomisos (…) con lo que se salvaguardan los derechos y obligaciones que correspondan”. Además, señaló que la extinción de los fideicomisos “no atenta en contra de la independencia judicial” con la que deben actuar las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, “salvo que se piense que esta tiene un precio que se garantiza con la retención de los recursos públicos de los fideicomisos, en perjuicio de los habitantes de este país que contribuimos al gasto público”. La Presidencia de México dijo que con base en lo expuesto y demás razonamientos que oportunamente ha hecho valer la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal al rendir su informe, de actuar con imparcialidad, justicia y respeto a la división de poderes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación “debe declarar la constitucionalidad del decreto que extingue los fideicomisos y ordenar que se actúe en consecuencia” Además, dijo que con ello “se honrará el compromiso de la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, de la SCJN, de “devolver los recursos de los fideicomisos para ser utilizados en la reconstrucción del puerto de Acapulco”, en el estado de Guerrero, por los daños causados por el huracán Otis, potente ciclón que azotó el balneario el 25 de octubre de 2023. Con información de López-Dóriga Digital.