La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que inició en septiembre pasado, dejó en espera la discusión de fondo de temas impulsados por el gobierno federal y en los que se pondrá a prueba si la Reforma Judicial sólo ha servido para avalar las decisiones del partido en el poder o si el Poder Judicial es capaz de funcionar como un verdadero contrapeso en México.

El primer periodo de sesiones de 2026 del pleno de la Corte que inició el 5 de enero y la llamada Nueva Corte, que encabeza el ministro Hugo Aguilar Ortiz, tiene pendientes asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa, destacando el expediente para dar cumplimiento a la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este asunto es de importancia para el gobierno que encabeza Morena, porque es parte de su estrategia para combatir los altos niveles de impunidad dejando de lado las deficiencias en las capacidades de investigación de las fiscalías. El expresidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en diferentes ocasiones en contra de las propuestas de los ministros anteriores para limitar la prisión preventiva por oficio.

Tan sólo en 2024, se amplió aún más el catálogo de prisión preventiva oficiosa en contra de las personas acusadas de delitos como la extorsión, el contrabando, cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales falsos y delitos relacionados con precursores químicos, entre otros. Este supuesto obliga a las personas acusadas de delitos, mencionados en el artículo 19 de la Constitución, a enfrentar su proceso judicial en la cárcel hasta que reciban su sentencia.

La facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas bancarias sin contar con una orden judicial o petición expresa de gobiernos extranjeros es un tema que se dejó en suspenso este 2025. El proyecto de la ministra Lenia Batres, afín al gobierno federal, avala la facultad de este organismo de la Secretaría de Hacienda para congelar cuentas cuando considere que hay operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo o lavado de dinero.

Están pendientes también las impugnaciones a que el Ejército pueda operar aerolíneas y administrar aeropuertos y los cambios a la Ley Minera.

Los nuevos ministros también dejan a futuro la resolución de un proyecto de la ministra Batres, en el que se propuso que no es un motivo para invalidar leyes la falta de consulta previa a personas con discapacidad.

La propuesta levantó quejas por parte de organizaciones en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, lo que generó que la SCJN abriera una consulta pública para escuchar sus demandas acerca del proyecto de Batres.

Las protestas de la sociedad provocaron que se aplazara la discusión y votación de dos asuntos bajo la ponencia del ministro Arístides Guerrero García en el que se propone acotar el interés legítimo bajo el que asociaciones civiles pueden promover amparos.

Otro tema que fue postergado para escuchar a las partes involucradas es el doble cobro del Impuesto al Valor Agregado a importaciones temporales que realizan empresas maquiladoras, donde la autoridad fiscal pretende cobrar IVA tanto por la importación como en la venta final de un producto.

Una vez que asumieron el cargo en septiembre pasado, después de haber sido elegidos mediante voto popular por primera vez en la historia del país, los nuevos ministros y ministras obtuvieron reflectores para evaluar su desempeño.

Entre los temas más polémicos están los de carácter fiscal. El 13 de noviembre, el Alto Tribunal desestimó los recursos legales que presentaron las empresas propiedad de Ricardo Salinas Pliego contra el Servicio de Administración Tributaria.

En una sola sesión, sin debate de por medio, los ministros dieron cierre a 15 asuntos relacionados con adeudos fiscales de las empresas de Salinas Pliego. Con esos casos, sumado a otro, resuelto días después, el gobierno federal puede requerir el pago de la deuda que asciende a un monto de 51 mil millones de pesos.

Otro asunto de índole fiscal resuelto por esta nueva integración del máximo tribunal fue avalar el cobro de un aprovechamiento a las aplicaciones de entrega, como Rappi, Didi Food y Uber Eats, por el uso de las calles de la Ciudad de México, a pesar de la protesta de repartidores de dichas plataformas.

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Con información de Latinus