Aunque una mayoría de ministros se pronunció por invalidar reformas aprobadas durante el llamado “viernes negro” por vicios de procedimiento legislativo, no se alcanzaron los ocho votos necesarios, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se perfila para mantener vigentes 12 de 20 normas avaladas por el Senado el 28 de abril de 2023. Durante la sesión pública de este lunes, el máximo tribunal inició el debate de dos de 12 impugnaciones.

El primer asunto fue la acción de inconstitucionalidad promovida en contra del decreto que modifica la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, conocida como Ley Antifentanilo, el segundo fue el de la Ley General de Bienes Nacionales, ambos publicados el 3 de mayo de 2023.

La Ley Antifentanilo establece entre 10 y 15 años de prisión para la persona que desvíe o haga uso de precursores químicos o químicos esenciales para la producción de drogas sintéticas.

De acuerdo con el proyecto de sentencia, elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que planteó declarar la invalidez del decreto de la Ley Antifentanilo, se detectaron irregularidades sobre la oportunidad de los legisladores para conocer el contenido del dictamen a votar, pues este fue publicado en la Gaceta del Senado el mismo día de su discusión y no con 24 horas de antelación como lo exige el reglamento del órgano legislativo.

“Los senadores y senadoras no tuvieron tiempo para conocer y estudiar el contenido de lo que discutirán y de lo que votarían, a esto se suma el hecho de que en la sesión efectuada el 28 de abril se aprobaron 20 dictámenes, de los cuales, 14 fueron de primera lectura y fueron publicados exactamente ese día”, dijo González Alcántara Carrancá.

Más de 200 millones de personas consumen drogas

También señaló que la sesión de ese día se reanudó en un lugar diverso al citado por la Mesa Directiva (la vieja sede del Senado), lo que afectó el principio democrático de participación de todas las fuerzas políticas en condiciones de libertad e igualdad.

“Considerando el impacto de estas violaciones en el proceso legislativo en su conjunto, se concluye que estas son de carácter invalidante, por lo que los conceptos de invalidez se consideran esencialmente fundados y se propone declarar la invalidez del decreto impugnado”, indicó el ministro.

Al dar su posicionamiento en contra del proyecto, la ministra Yasmín Esquivel destacó que la norma reclamada se ubica en el contexto de la producción de drogas sintéticas como el fentanilo, que provocan rápidamente la muerte, y de la lucha que el estado mexicano ha emprendido contra estas.

Dijo que el Informe Mundial sobre las Drogas 2022, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), señala que en 2020, 284 millones de personas consumieron drogas en todo el mundo, lo que representa un aumento del 26 por ciento respecto de la década pasada.

Es por eso que advirtió el impacto que podría producir la expulsión de esta norma del orden jurídico, pues debilitaría el poder del estado mexicano para abatir el flagelo de las drogas. Lenia Batres y Loretta Ortiz también rechazaron la invalidez del decreto. La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de esta reforma, que permanecerá vigente.

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Después comenzó el análisis de la acción de inconstitucionalidad presentada contra la Ley General de Bienes Nacionales y cuyo proyecto fue elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat. Tampoco se alcanzaron los ocho votos necesarios para invalidar por vicios de procedimiento, y se presentó una propuesta alternativa en la que se analizaron los artículos impugnados por vicios propios, pero se rechazó lo planteado por la oposición.

Con información de El Heraldo de México