San Luis Potosí, SLP.- El Gobierno de San Luis Potosí buscará liberar en las próximas horas el bloqueo que trabajadores del Hospital Central mantienen sobre la glorieta González Bocanegra, en protesta por la falta de insumos y las malas condiciones laborales, al considerar que las manifestaciones afectan a la población y constituyen una acción ilícita.

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, desde las primeras horas de este lunes se estableció comunicación con representantes sindicales para intentar alcanzar una solución inmediata. El subsecretario Miguel Amaro se encontraba en el lugar dialogando con la dirigente sindical y otros integrantes de la organización. “No podemos permitir que ese bloqueo continúe. Entendemos las necesidades planteadas por el sindicato, pero no compartimos la forma de generar esa presión, porque al final del día la afectación es para toda la población”, sostuvo el funcionario, quien insistió en que la intención es liberar las vías de comunicación a la brevedad. Torres Sánchez calificó de lícita la forma en que los trabajadores expresan su inconformidad y advirtió que el Gobierno estatal analiza las posibles consecuencias de mantener el cierre. Aseguró que, aunque comprenden las demandas del personal, buscarán resolver el conflicto mediante el diálogo y el entendimiento. El secretario explicó que, desde las seis de la mañana, tuvo comunicación con Daniel Acosta Díaz de León, responsable de IMSS-Bienestar en San Luis Potosí, para exponerle la situación y buscar una solución. Añadió que el subsecretario Miguel Amaro también había sostenido conversaciones con la líder sindical desde el domingo. Aunque los trabajadores argumentan que el Gobierno estatal todavía mantiene personal en el hospital y, por ello, debe atender sus demandas, Torres Sánchez señaló que la administración del Hospital Central pasó a IMSS-Bienestar desde hace tiempo. Sin embargo, afirmó que el Ejecutivo estatal interviene para contribuir a resolver el conflicto y preservar la gobernabilidad, aun cuando, dijo, la responsabilidad financiera, administrativa y jurídica corresponde a otra instancia.

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