Sergio Olvera León, vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad, señaló que el Congreso del estado no ha avanzado en la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) por falta de voluntad política de todos los grupos parlamentarios, pese a que ningún diputado ha manifestado abiertamente su rechazo. Indicó que, en la práctica, no se han impulsado acciones para concretar la legislación, lo que mantiene a Querétaro entre las entidades que no han cumplido con la obligación federal, a tres años y 10 meses de la entrada en vigor de la ley, cuyo plazo de armonización era de seis meses a partir de mayo de 2022. El vocero también criticó que legisladores que se identifican como “provida” no han promovido una normativa que, afirmó, podría proteger la vida, en un contexto donde los siniestros de tránsito representan una causa relevante de muertes en la entidad. Sobre la iniciativa presentada el 11 de agosto de 2025, el Observatorio realizó un análisis en el que identificó múltiples deficiencias. Entre ellas, el uso reiterado del término “accidente”, eliminado en la LGMSV bajo el principio de que los siniestros viales son prevenibles. También advirtió disposiciones que obligan a bebés, niñas, niños y personas extranjeras a conocer la ley para transitar; el uso de cinturón de seguridad en motocicletas; la circulación de patines eléctricos en banquetas; y el envío directo al corralón de vehículos mal estacionados. El análisis señala posibles violaciones a derechos humanos, contradicciones normativas y omisiones relevantes, como la falta de perspectiva de género, la ausencia de medidas contra el acoso en el espacio público y la inexistencia de políticas de movilidad del cuidado. Asimismo, expone que no se contemplan datos abiertos ni instrumentos financieros que garanticen la aplicación de la ley, lo que, indicó, limita su efectividad.

En materia institucional, advierte que la iniciativa no reconoce como autoridades en movilidad a dependencias clave como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado y la Agencia de Movilidad, además de omitir normas oficiales mexicanas en la materia. También señala diferencias con la ley general en conceptos clave, como la responsabilidad compartida en la seguridad vial, y la ausencia de un enfoque sistémico para atender siniestros, al incluir figuras como el delito de homicidio contra peatones y ciclistas con responsabilidad individual. El Observatorio advirtió que la propuesta prioriza la circulación vehicular al plantear que el espacio vial se destine únicamente a vehículos, lo que podría limitar actividades como marchas, peregrinaciones o ciclovías recreativas. Entre otros puntos, se cuestiona la obligación de usar puentes peatonales, la retención de documentos como garantía —contraria a criterios judiciales—, revisiones vehiculares sin protocolo claro, y disposiciones sobre licencias que consideran la instalación obligatoria de dispositivos alcolock sin claridad en su aplicación. Finalmente, Sergio Olvera consideró que la iniciativa actual no cumple con el objetivo de proteger la vida y la integridad de las personas, por lo que planteó desecharla y retomar propuestas elaboradas por sociedad civil, como la presentada en enero de 2025.