Organizaciones sindicales y empresariales de todo el país han manifestado su respaldo al fortalecimiento integral del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y la protección de los recursos de los derechohabientes. En un comunicado conjunto, expresaron su compromiso con la transparencia y el tripartismo paritario en la administración del Instituto, al tiempo que rechazaron cualquier acto de corrupción y demandaron su sanción. El pronunciamiento se da en el contexto de la reciente reforma a la Ley del INFONAVIT, aprobada por la Cámara de Diputados el 1 de febrero de 2025. Aunque reconocieron que se realizaron cambios respecto a la propuesta original, los representantes de trabajadores y empresarios señalaron que sus principales preocupaciones no fueron atendidas, lo que podría debilitar al organismo en lugar de fortalecerlo. Previo a la aprobación de la reforma, los líderes sindicales y empresariales solicitaron un diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Como respuesta, fueron recibidos por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la consejera jurídica, Ernestina Godoy, y el director general del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza. En la reunión, se acordaron puntos clave para la modificación del dictamen final; sin embargo, estos acuerdos no fueron incorporados en el documento aprobado por el Congreso. Los sindicatos y organismos empresariales han señalado varios aspectos de la reforma que requieren revisión urgente: Presidencia en los órganos colegiados: Actualmente, el Director General del INFONAVIT es designado presidente de los órganos colegiados, lo que, según los firmantes, vulnera el principio de tripartismo y paridad. Proponen regresar al esquema de presidencia rotativa entre los representantes de trabajadores, patrones y gobierno.

Supervisión de la CNBV: Se pide que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) supervisen integralmente al INFONAVIT, en lugar de limitarse a tareas de auditoría bajo criterios de "prudencia y sanas prácticas".

Papel de la Asamblea General: Actualmente, la Asamblea General solo puede conocer los planes y presupuestos del Instituto, pero no aprobarlos. Los firmantes exigen que se le otorgue poder de decisión en estos temas.

Empresa constructora filial: La reforma permite la creación de una empresa constructora que operaría sin supervisión del INFONAVIT. Se exige que esta empresa forme parte del Instituto y esté sujeta a los mismos controles de transparencia y rendición de cuentas.

Direcciones sectoriales: Se propone revisar el esquema de direcciones sectoriales para garantizar que los representantes sindicales y empresariales cuenten con respaldo técnico adecuado.

Nombramiento del Director General: Actualmente, el Ejecutivo puede designar directamente al Director General sin requerir la aprobación de la Asamblea General. Se busca que el nombramiento mantenga el esquema tripartito.

Otro punto destacado es la necesidad de corregir el artículo 44 de la reforma, ya que, según los firmantes, podría impedir al INFONAVIT cobrar los créditos otorgados a los trabajadores, afectando gravemente su sostenibilidad financiera. Los sindicatos y empresarios confían en que la presidenta Claudia Sheinbaum y los senadores reconsideren los puntos expuestos antes de que la reforma entre en vigor. Advirtieron que los cambios aprobados podrían afectar el acceso a la vivienda de los trabajadores y debilitar la estructura financiera del Instituto, poniendo en riesgo su operatividad a largo plazo. El pronunciamiento cuenta con la adhesión de diversas organizaciones sindicales, como el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, la CROM, la CROC, la CTM, el Congreso del Trabajo, ASPA, STUNAM y el Sindicato Nacional de Monte de Piedad, entre otros. También lo respaldan organismos empresariales como la CONCAMIN, CONCANACO y COPARMEX. “Queremos un INFONAVIT fuerte, transparente y dedicado a mejorar la vida de los trabajadores. Nuestro objetivo es que este diálogo social esté a la altura de las circunstancias que México demanda”, concluye el documento firmado por los participantes.