San Luis Potosí está dentro del 42.42 por ciento de las entidades en México que carecen de titular en la Secretaría Ejecutiva, “órganos técnicos fundamentales para implementar acuerdos y políticas en materia anticorrupción”, así lo señaló el estudio de Mexiro Observatorio Anticorrupción de México del Proyecto CO+MÚN, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2025, sobre la falta de designaciones en los Sistemas Anticorrupción.

Asimismo, el estudio reportó que en 21 estados (63.63 por ciento), entre ellos San Luis Potosí, no operan las Comisiones Ejecutivas por falta de integrantes. Estos órganos son de vital importancia, pues su tarea es formular propuestas en materia de prevención y control de la corrupción.

Ante dicho escenario, el Observatorio subrayó la grave crisis institucional que enfrenta el país, pese a que hace diez años se creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Entre los factores que han colocado al país en un contexto de instituciones debilitadas, vacíos de control y una narrativa que “simula un combate a la corrupción”, se encuentran la concentración del poder en el Ejecutivo federal, así como la erosión y el desmantelamiento de contrapesos.

Cabe mencionar que, entre otros datos que llamaron la atención, 19 de 33 Comisiones de Selección —responsables de nombrar a integrantes de los Comités de Participación Ciudadana— están incompletas. Por consiguiente, 10 de las Comisiones de Participación Ciudadana están incompletas y otras 10 carecen totalmente de integrantes.

Por otro lado, se cuestionan las designaciones en fiscalías especializadas, pues en diversos estados se vincula a sus integrantes con conflictos de interés, nepotismo o afinidad con alguna bancada política.

Además, como punto esencial y preocupante, el 66 por ciento de los órganos garantes del derecho de acceso a la información han sido eliminados o enfrentan el riesgo de desaparecer, lo que dificulta el fortalecimiento de la autonomía y la transparencia en el país.

En consecuencia, organizaciones civiles, instituciones académicas y defensoras de derechos exigen, a través del pronunciamiento Mexiro, lo siguiente:

A la presidenta Claudia Sheinbaum se le pide rechazar la centralización del control de la transparencia en el Ejecutivo, detener el desmantelamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y cumplir con los compromisos internacionales que México ha asumido para el fortalecimiento de la agenda anticorrupción.

Al Senado y a los congresos estatales se les exige realizar las designaciones pendientes mediante procesos transparentes y públicos, frenar iniciativas para desaparecer órganos autónomos y rendir cuentas sobre los procesos de designación.

A la Cámara de Diputados, los firmantes del pronunciamiento solicitan no aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 que debilita las capacidades del Sistema Nacional Anticorrupción y abrir un diálogo con la sociedad civil en materia de transparencia y derechos humanos.

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Finalmente, a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se le exige publicar lineamientos de protección, migración y acceso a archivos históricos; implementar una política anticorrupción con perspectiva de derechos humanos, feminista e interseccional; además de crear un mecanismo de monitoreo ciudadano sobre el cumplimiento de las designaciones.