De acuerdo a datos revelados en el Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas 2026, San Luis Potosí se encuentra en un nivel de transparencia “deficiente” en cuanto a la calidad y disponibilidad de la información correspondiente al uso de los recursos públicos en el sector salud. Asimismo, se señala que la falta de transparencia en el gasto público destinado a salud es una problemática recurrente en 28 de los 32 estados, lo cual evidencia retos persistentes en la rendición de cuentas en el sector salud.

El estudio, citado por el diario El Economista, detalla que en una escala de 0 a 100, en donde 0 corresponde a una transparencia nula y 100 a una transparencia alta, San Luis Potosí se ubica con un nivel de transparencia “deficiente” de transparencia, por debajo de los 60 puntos. Lo anterior refleja que dentro de la escala, la entidad potosina no alcanza un nivel “suficiente” de transparencia (mayor o igual a 60 y menor de 75) y tampoco se encuentra dentro del máximo nivel “transparente” (mayor a 75 puntos).

Según el estudio, los resultados que colocan a la mayor parte de las entidades en un nivel deficiente de transparencia y con un promedio nacional de apenas 37.9 puntos, es producto del rezago que enfrentan en cuanto a la disponibilidad y calidad de información sobre el uso de recursos públicos en salud.

Cabe mencionar que de acuerdo al diario y el Índice, sólo cuatro entidades alcanzaron el nivel considerado transparente, con un puntaje superior a 75 puntos. La lista la encabezan Jalisco y Querétaro con los niveles más altos de transparencia de 95.2 puntos cada uno, les sigue Sinaloa con 93.4 y Guanajuato con 89.2 puntos.

Por el contrario, los estados con las peores cifras de transparencia son Chihuahua, con 11.1 puntos; Nuevo León y Morelos, ambos con 16.4 y Nayarit, con 18.1 puntos.

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En este sentido, la organización Ciudadanos Observando, señala que los Servicios de Salud estatales en la entidad potosina, han demostrado opacidad en cuanto al desglose del uso de recursos en el sector, pese a que la Ley de Transparencia los obliga a publicarlo cada mes. Asimismo, la organización ha argumentado que la justificación que otorga la dependencia es que se encuentra en "cierre presupuestal" y que desconoce a qué nivel de gobierno corresponde el registro de cada movimiento disponible.