La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación resolvió suspender temporalmente a dos magistradas de un Tribunal Colegiado de Circuito del norte del país, luego de que se determinara que otorgaron un amparo con presuntas irregularidades. Según el TDJ, las juezas emitieron resoluciones contrarias a constancias procesales y suplieron de manera indebida las deficiencias jurídicas del solicitante, con el objetivo de evitar su extradición.

El expediente indica que, en marzo de 2018, la Secretaría de Relaciones Exteriores aprobó la extradición de un ciudadano reclamado por otro país por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Inicialmente, el interesado promovió un juicio de amparo, que fue negado por un Juez de Distrito. Sin conformarse, en noviembre del mismo año impugnó la sentencia ante el Tribunal Colegiado y, de manera paralela, recusó al presidente del tribunal para que no conociera del caso, lo que derivó en la excusa legal del magistrado.

Durante siete años, el caso permaneció inactivo hasta que, a principios de diciembre de 2025, las magistradas suspendidas resolvieron el incidente de recusación y excusa y dictaron sentencia, modificando la decisión original del Juez Federal y otorgando el amparo para impedir la extradición. La justificación, según señalaron, fue que la Cancillería no había considerado la opinión de un juez, la cual no tenía carácter vinculante.

De acuerdo con la normativa mexicana y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las decisiones sobre extradición son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, pues constituyen actos de soberanía nacional basados en principios de reciprocidad internacional.

El Magistrado Rufino H. León Tovar, presidente de la Comisión de Disciplina, destacó que la permanencia de las magistradas en el tribunal podía afectar gravemente la imparcialidad y profesionalismo de los juicios de amparo bajo su competencia. Por ello, se ordenó su suspensión temporal mientras el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas desarrolla la indagatoria, que podría derivar en sanciones legales.

León Tovar subrayó que el TDJ continuará ejerciendo sus funciones con firmeza y responsabilidad para garantizar que la justicia se administre con estricto apego a la ley. “Las medidas cautelares buscan proteger la integridad del sistema de justicia y asegurar que los procedimientos disciplinarios se desarrollen con independencia, objetividad y transparencia”, afirmó.

El Tribunal de Disciplina Judicial informó que esta acción se da bajo principios de transparencia y rendición de cuentas, equilibrando el derecho de la sociedad a conocer las actuaciones de los órganos disciplinarios con la protección de datos personales conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

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Con información de Excélsior