Más que un disparo de advertencia, la declaración del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, significó una vuelta más en el tornillo de presión sobre el gobierno mexicano.

De acuerdo con Greer, Estados Unidos no están dispuestos a iniciar negociaciones para extender o renovar el tratado México- Estados Unidos-Canadá (T-MEC), sino hasta que la parte mexicana cumpla con los requisitos del convenio que, asegura, no ha respetado.

En concreto, Greer afirmó que México no ha cumplido compromisos en rubros como energía, telecomunicaciones, agricultura y aunque no lo dijo específicamente, podrían agregarse temas como cooperación de seguridad, las reformas judiciales y electorales determinadas durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata, pues de una postura que en términos reales trasciende la cuestión comercial y tiene mucho que ver con las implicaciones geopolíticas de una vecindad complicada.

Las quejas estadounidenses no son nuevas: para ellos, el gobierno mexicano violó espíritu y letra del T-MEC al poner en desventaja a las empresas de su país al determinar una reforma que en su opinión debilitó la independencia del poder judicial y dar así más influencia al gobierno en las decisiones de jueces; arremetió contra las inversiones estadounidenses en el rubro de energía al hacer énfasis en la "mexicanización" de las industrias del petróleo y electricidad y dar preferencia a PEMEX y la CFE, amén de obstaculizar inversiones en energías no renovables; o al aparentemente favorecer posiciones oficiales en órganos que deberían ser independientes como el Instituto Nacional Electoral.

De mantener esa posición, sería viable considerar que las negociaciones sobre el T-MEC serán ríspidas y posiblemente lleven a resoluciones políticas, más que comerciales o económicas.

El inicio formal de negociaciones está marcado para el primer semestre de 2026, pero los primeros escarceos llevan ya tiempo a la luz pública: son una forma de ejercer presión y tomar posiciones sobre problemas que van del suministro de agua en la frontera, la situación de algunas empresas estadounidenses como la cantera de Vulcan Materials en Quintana Roo, o problemas fitosanitarios.

Pero todos esos argumentos tienen dos lados y el estadounidense no está exento de pecados, que tal vez podría ser que el gobierno mexicano haya recopilado para al menos balancear las demandas estadounidenses, sobre todo después de lo que algunos consideran como una renuncia unilateral a jugar la carta geopolítica de la relación comercial con China.

Pero la verdad sea dicha, el principal problema está en la asimetría de las situaciones. El intercambio con Estados Unidos representa más del 75 por ciento del comercio exterior mexicano, pero menos de 15% de la relación estadounidense con el mundo.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS  

COLABORADOR   

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